Las reformas al reglamento de la Ley de Seguridad Social, impuesta por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, no salvarán al INSS de la quiebra, y únicamente le da nueve meses de estabilidad financiera, sostienen expertos en economía de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES).
Según el análisis de FUNIDES la aplicación de otras medidas económicas severas que ha adoptado el Ejecutivo conducirá a que el sistema de seguridad social pierda solo este año 19.2 por ciento de sus afiliados, que, sumando la desafiliación del 17.3 por ciento del año pasado, llegaría casi al cuarenta por ciento la merma de contribuyentes, en términos acumulados al finalizar este año.
Es decir, el año pasado 157 mil 953 personas dejaron de cotizar. Eso provocó que la base de contribuyentes pasara de 913 mil 797 afiliados que había hasta diciembre del 2017 a 755 mil 844 en el 2018, esto como consecuencia de la crisis sociopolítica que se profundizó con la represión estatal.
Reforma Afectará el empleo formal
Con esta reforma el empleo formal se reducirá en un 9 por ciento, producto del incremento en la tasa de contribución que paso de 18.42 a entre 19 y 22.5 por ciento, lo que orillará a empleadores a despedir personal o a rediseñar contratos.
El empleo formal además se ve afectado por la crisis económica que vive el país, lo que también impactará en una baja en el número de asegurados.
El año pasado, la mayor pérdida de afiliados la sufrió el sector comercio con un 37.5 por ciento, le siguió la construcción con 35.2 por ciento y en tercer lugar el sector financiero con una merma del 18.4 por ciento.
El año pasado el INSS completó seis años consecutivos de crisis financiera, pese a que en 2014 se implementó una reforma para extender su existencia hasta más allá del 2036.
Las reformas al seguro social también son la razón inicial de las protestas que desde abril del 2018 se viven en Nicaragua, y que según organismos de derechos humanos han cobrado la vida de más de 325 nicaragüenses.
