Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, Artículo 66 preparó un especial sobre el papel que han jugado las mujeres durante la rebelión cívica que inició en abril de 2018. La valentía y el coraje de lideresas estudiantiles, comerciantes, ciudadanas que decidieron apoyar con alimentos a los manifestantes, coristas, enfermeras, entre otras llevó a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo a intentar callar esas voces encarcelándolas.
A pesar de eso, las mujeres siguen firmes demandando justicia, libertad y democracia para el país. Estas mismas peticiones son las que mantienen las madres de las más de 300 víctimas del régimen al igual que las de los presas políticos, quienes en medio de las amenazas, asedio y el dolor persisten en la lucha por Nicaragua.
Por otro lado, están las mujeres que plantaron cara a los dictadores en la mesa del diálogo nacional, lo que les trajo consigo constante persecución y estar en las listas negras de los fanáticos de la pareja presidencial, quienes hasta se atrevieron a recetar muerte. La situación también obligó a algunas a tener que huir del país y exiliarse, entre las que se encuentran lideresas del movimiento campesino, estudiantes, abogadas y periodistas.
Las defensoras de los reos de la dictadura tampoco han escapado de la ola de violencia estatal. Unas están con un pie dentro de la cárcel. Por su labor, intentan criminalizarlas. En medio de la oscuridad, la valentía no ha tenido margen de edad. “Doña Coquito” es un ejemplo claro de ese valor, una anciana que decidió elevar la bandera de Nicaragua y pedir justicia, lo que le mereció cárcel temporal y agresiones en su contra. Este es nuestro resumen del rol de las mujeres en las protestas en Nicaragua.
Las asesinadas por la dictadura
Hasta julio de 2018, la organización Católicas por el Derecho a Decidir señaló que 15 mujeres y cinco niñas fueron asesinadas en el marco de las protestas por policías y grupos armados de la dictadura.
Entre las niñas asesinadas que reporta el movimiento feminista destaca Daryeli Velásquez Raudez, de 2 años. La pequeña murió en un incendio junto a toda su familia, en una casa de tres pisos en el barrio Carlos Marx, de Managua. El crimen conmovió al mundo y los vecinos identificaron abiertamente a un escuadrón de policías y paramilitares como los atacantes.
Las presas políticas del régimen
Nicaragua enfrenta desde abril del 2018 la peor crisis humanitaria en tiempos de paz. La violencia estatal contra las manifestaciones convocadas por estudiantes universitarios y líderes sociales por las reformas al seguro social desató una ola de muerte, dolor y tristeza que sirvió para unir a gran parte de la ciudadanía.
Las acciones represivas del régimen han tenido como uno de los focos principales a las mujeres, quienes han jugado un papel protagónico durante estos meses de resistencia cívica, durante los cuales han apelado a la solidaridad, levantando adoquines, organizando marchas, cocinando la comida para los jóvenes atrincherados, denunciando en las redes sociales, operando en las casas clandestinas, curando los heridos, acompañando a las madres, marchando con cacerolas, en la mesa del diálogo y también enterrando a las víctimas de la dictadura.
En la primera línea de combate se encuentran estudiantes universitarias, unas liderando marchas y otras intentando defenderse de las balas del régimen con lanza morteros y piedras en mano. Entre ellas, Nahomy Urbina, conocida como “La Comandante Macha”, en Carazo; o Valeska Sandoval, “Comandante Molotov” de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua).
La dictadura ha desatado contra estas mujeres sus formas de represión más oscuras, cárcel, palizas, exclusión y persecución han sido las consecuencias que han pagado por levantar su voz contra la dictadura.
Según datos de la Iniciativa Nicaragüense de Defensoras y del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), más de 50 mujeres se encuentran detenidas en calidad de presas políticas en “La Esperanza” o en la nueva prisión de la Dirección de Auxilio Judicial, en Managua. Hay estudiantes, abogadas, comerciantes, madres, estilistas, pianistas. En su mayoría, la justicia orteguista las señala de “terroristas”.
Amaya Eva Coppens es uno de estos casos. La estudiante de medicina que el gobierno sandinista tilda de “terrorista” se destacó durante las protestas sociales por atender a los heridos, a quienes en los hospitales públicos cerraron las puertas por orden del Ministerio de Salud. Esta acción le ha costado a una de las estudiantes universitarias más destacadas del departamento de León casi seis meses de cárcel.
Pese a que la universitaria pudo obtener libertad y salir de la cárcel rumbo al país que la vio nacer, Bélgica, decidió seguir en prisión junto a las otras mujeres a las que el régimen pretende responsabilizar por la crisis del país.
Actualmente, Amaya forma parte de un grupo de al menos ocho presas políticas ubicadas en el Sistema Penitenciario de Mujeres “La Esperanza” que lleva más de diez días en huelga de hambre indefinida como una forma de plantar cara a los representantes de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia por sentarse a negociar con la dictadura de Ortega mientras ellas y otros 600 presos políticos siguen tras las rejas.
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“Llevamos meses secuestradas ilegalmente, viviendo a diario la represión, constantes humillaciones, tratos crueles e inhumanos y en lugar de sentirnos representadas nos sentimos simples piezas en el tablero donde juegan los que tienen control político y económico. No entendemos cómo llegamos a esta situación en donde se instaura un diálogo a pesar de haber más de 500 muertos, 700 apresados, más de mil heridos y miles de exiliados. El Gobierno sigue sin mostrar voluntad de resolver el conflicto sociopolítico, sigue reprimiendo y asesinando con paramilitares, apresando y torturando con la policía orteguista a la población”, afirman las presas políticas.
La comerciante Irlanda Jerez también paga con cárcel su espíritu de lucha y su capacidad de organizar a los comerciantes del Mercado Oriental. Notoria por su personalidad, coraje y determinación; Irlanda destacó por promover una campaña de desobediencia fiscal contra el régimen. En la cárcel, la comerciante ha sido víctima de brutales golpizas por seguir protestando desde la prisión.
Otra de las encarceladas de la dictadura, es la soprano Olesia Muñoz, quien se alzó sonora dentro de las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial, conocidas popularmente como “El Chipote”. Entre las rejas cantó el Ave María para los reos y presos políticos que el régimen de Daniel Ortega secuestró y acusó de terrorismo.
El 31 de julio de 2018, Olesia y su hermana Tania fueron capturadas por policías y acusadas de ser las cabecillas del tranque ubicada en el sector de El Calvario, en Niquinohomo, además de financiar armas de fuego. Sin embargo, familiares y vecinos rechazan esos señalamientos. Olesia Muñoz es reconocida por formar parte del coro de la parroquia Santa Ana, en su municipio.
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¿Sus delitos?, haber sido “solidarias” con los jóvenes que permanecían en las barricadas de la cuna del general Augusto C. Sandino, en Masaya.
El 27 de febrero de 2019, la dictadura decidió cambiar el régimen carcelario a unos 100 presos políticos, entre estos algunas mujeres que permanecían recluidas en “La Esperanza”. Ana Patricia Sánchez Moraga, detenida hace siete meses junto a su hermana Yolanda del Socorro y liberada el mismo día que se retomó la negociación con el gobierno, explicó que dentro de la prisión el principal temor es por una violación o abuso sexual al momento de la detención.
“Todas estábamos con un sentir teníamos que hacernos pronunciar, queríamos dar a conocer nuestra voz como mujer, nuestros derechos como mujer. Estando en El Chipote, a todas las que nos sacaban para entrevista eso es lo primero que pensábamos: en qué momento nos van a violar, en qué momento nos van a hacer daño, nos daban maltrato psicológico”.
Las amenazas de dañar a sus hijos, esposos y madres e, incluso, colocarlas con presas comunes que según los guardias las podrían agredir sexualmente, fueron parte de las tácticas de tortura utilizadas por el régimen contra las mujeres. “Nos colocaron con las reas comunes, y nos decían que las lesbianas nos iban a hacer daño, pero era solo el maltrato psicológico, porque las prisioneras comunes fueron muy acogedoras con nosotras, muy solidarias y comprensivas”.
“Me siento demasiado triste y mal por las reclusas que quedaron allá, pasamos este tiempo, siete meses y 15 días. A mí en lo personal me entristece el hecho de que ellas hayan quedado allí, ellas también tienen hijos, hay mujeres aguerridas que no han podido estar con sus hijos, me entristece enormemente que no sientan la esperanza de salir ahorita”, concluyó.
Las madres de las víctimas de la dictadura
Las mujeres madres de las más de 300 víctimas mortales de la dictadura se convirtieron en símbolo de coraje y entereza para los nicaragüenses. Se movilizaron para demandar justicia y pese al dolor por la pérdida de sus hijos mantienen viva la llama de la resistencia.
Además de los asesinados, también están las madres de presos y presas políticas, de los desaparecidos, madres de torturados, madres que siguen con su dolor, el que las ha llevado a mantenerse en pie de lucha en las calles demandando justicia por sus hijos.
Uno de los casos emblemáticos es el de Lizeth Dávila, madre del niño mártir Álvaro Conrado Dávila, asesinado por la dictadura el 20 de abril cuando el adolescente se encontraba en las inmediaciones de la Catedral de Managua regalando agua a los universitarios que iniciaron las protestas en contra del régimen Ortega-Murillo.
La madre del adolescente, a quien se le negó atención médica en el Hospital Cruz Azul, en Managua, relató a Artículo 66 que estos 10 meses han sido los más duros de su vida y cada vez más crece su indignación en contra de la pareja presidencial.
«La pérdida de un hijo es una pérdida que uno no supera, me mataron una parte de mi vida. Me indigna escuchar a la (ministra de salud) Sonia Castro decir que ella no ordenó que negaran la atención a los jóvenes heridos, cuando mi hijo es un claro ejemplo de lo que se hizo».
En medio de su dolor, Lizeth Dávila ha mantenido su denuncia a nivel internacional, ya que hasta la fecha la justicia orteguista mantiene un silencio sepulcral sobre el caso. Forma parte del Comité de Madres de Abril, una iniciativa que aglutina a las mujeres que a pesar de las amenazas siguen demandando justicia y apoyándose para sobrellevar la pérdida de su familiar.
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«Nosotros vamos a seguir pidiendo justicia. Yo se lo prometí a mi hijo de que íbamos a llegar hasta las últimas consecuencias para buscar la justicia y que su muerte no sea en vano», dijo Lizeth Dávila recientemente.
Otro de los casos relevantes es el de la madre de María Adilia Peralta Cerrato, Mariela Cerrato, quien desde que encarcelaron a su hija no ha tenido descanso exigiendo la libertad de la abogada, presa política del régimen.
Desde su detención el 22 de julio, la vida de Mariela se transformó. “Mi rutina era, cuando estaba en El Chipote (Dirección de Auxilio Judicial), pasar todo el día ahí, los ocho días que ahí estuvieron, aguantando a una gente que nos ofendían, que nos quitaban todos los espacios de sombra, que nos obligaban a pasar todo el día en el sol. Yo tengo lupus y me hace daño el sol, pero por mi hija yo soy capaz de todo”, sentenció Mariela Cerrato.
“Este es un gobierno inconstitucional, asesino, genocida, que jamás lo había visto, porque yo luché contra Somoza y nunca vi estas barbaridades que ahora están haciendo”, ha denunciado sin titubear Mariela Cerrato, quien forma parte del Comité de Madres y Padres de Presos y Presas Políticas.
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Fátima Vivas es otra madre que denunció sin dudar a la dictadura de Nicaragua. Ella aseguró que su hijo Faber Antonio López Vivas, el oficial que murió durante la masacre perpetrada por uniformados y paramilitares contra las ciudades de Jinotepe y Diriamba, el domingo, ocho de julio, fue ejecutado por la misma institución por haber pedido su baja y negarse a continuar reprimiendo a la población civil.
“Yo no le tengo miedo a nadie. No me importa que me maten. Ya me mataron a mi hijo. Los policías mierdas me lo mataron”, dijo la mujer, en el portón del Instituto de Medicina Legal, en Managua cuando intentaba retirar el cadáver de su hijo, y recalcó que ni siquiera le informaron que había muerto.
Tras su denuncia, Fátima Vivas tuvo que exiliarse, debido al hostigamiento de fanáticos orteguistas, pero nada la detiene en su petición de justicia y ahora que ha iniciado un nuevo intento de negociación entre la opositora Alianza Cívica y el régimen ha recordado que no se pacta sin esclarecer los casos de los asesinados y que no pueden existir acuerdos que pisoteen la sangre derramada de las víctimas.
“Desde el exilio sigo pidiendo justicia por la muerte de mi hijo y por el resto de los jóvenes asesinados. Les recuerdo a las personas del diálogo, de la Alianza Cívica, del movimiento campesino y de la Iglesia católica, que exijan justicia por la muerte de mi hijo y por el resto de los jóvenes asesinados por el gobierno de Ortega y Murillo. Ellos deben de pagar por todo el daño que nos han causado a todas las madres nicaragüenses”.
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Encarcelada por decir la verdad
Las periodistas en medios tradicionales, en las redes sociales o en espacios informativos digitales han denunciado y registrado cada situación, sorteando el peligro y la censura oficialista. Muchas se han visto forzadas al exilio y otras, con pie firme, han aguantado la arremetida de los Ortega Murillo.
“Tenemos información de última hora. Hay presencia de antimotines y están queriendo entrar a 100% Noticias”, dijo azorada Lucía Pineda Ubau. “Urgente, urgente, hay paramilitares aquí adentro (del Canal). Estamos reportando última hora”. Fueron las últimas palabras de la jefa de prensa de 100% Noticias, antes de ser encarcelada por la dictadura.
La periodista, una de las personalidades más carismáticas de la televisión nacional, fue acusada por la justicia orteguista de promover el odio y conspirar para el terrorismo. Las condiciones en las que fue retenida en “El Chipote” y en las que está ahora en “La Esperanza” han sido motivo de condena a nivel internacional, por sectores políticos, diplomáticos y gremiales que exigen al gobierno su liberación inmediata.
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Pineda permanece en prisión desde el 21 de diciembre de 2018, cuando la guardia orteguista la secuestró en las instalaciones de 100% Noticias y allanó ese medio de comunicación, uno de los más críticos a la dictadura orteguista.
La defensora criminalizada
Otro rostro de mujer inconfundible en medio de la crisis que vive Nicaragua ha sido el de la abogada Yonarki Martínez. Ella aparece frecuentemente junto a los presos políticos o al lado del Comité de Madres, en “La Modelo” o en “La Esperanza”. La abogada ha triplicado sus esfuerzos para defender a más de 60 detenidos por la dictadura.
Para ella, su vocación de servicio está por encima de la violencia que ha enfrentado en los Juzgados de Managua, la obstaculización a la justicia y el asedio del que ha sido víctima constantemente durante los últimos meses.
“Es indescriptible la satisfacción de poder servir y ayudar a los demás, un trabajo arduo, bastante difícil. Estoy separada de mis cuatro hijos por mucho tiempo, la mayoría del tiempo estoy dedicada al trabajo. Ahora tenés que poner el 200 y el 300 por ciento, por que son casos políticos, porque sabes que la batalla es dura, pero cuanto tenés resultados el trabajo es bastante satisfactorio.”
La abogada se ha convertido en la mano amiga de los presos políticos y sus familias, y pese a todo, no cambiaría ni abandonaría su rol, junto a las víctimas de la represión estatal.
Yonarki Martínez denunció ser víctima de criminalización por su labor como defensora, pues actualmente enfrenta un proceso judicial en su contra, del cual señaló no fue notificada de manera oficial, sin embargo, conoció de esa causa judicial que el régimen le levantó, a través de un amigo. Por su labor, el 20 de marzo enfrentará a la justicia orteguista en audiencia inicial.
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Las mujeres que plantaron cara a los dictadores en el Diálogo Nacional
“Para quién estaba bien esa economía, porque para los trabajadores nunca ha estado bien, nosotros sabemos los niveles de explotación que viven las obreras en nuestros país, que ese crecimiento económico fue al bolsillo de muchos de los que están aquí y que tienen empresas y negocios con ese gobierno, dejémonos de hipocresías y de mentiras aquí, el camino a la paz y la estabilidad de este país que todos estamos clamando al unísono, es que haya un cambio, no se puede seguir matando y asesinando a los jóvenes en este país, que no han entendido que cruzaron el límite y que por lo tanto la gente en la calle está exigiendo cambios y ese cambio pasa por cambiar al gobierno, cambiar a sus funcionarios, pues cambiémoslos. ¿Cuál es el problema?”.
Con la contundencia de este discurso alzó su voz Sandra Ramos en el primer intento de diálogo nacional que inició el 16 de mayo de 2018. La activista feminista por los derechos humanos de mujeres obreras y desempleadas pagó con creces esta intervención. El acoso a su familia, la movilización de su casa, el peligro de perder la personalidad jurídica de la organización de mujeres y su exclusión en el segundo intento de negociación son algunas de las repercusiones que vive la activista de larga trayectoria en la defensa de los derechos humanos.
Azahálea Solís, otra activista social por la defensa de los derechos humanos, también se convirtió en otra de las voces con poder de las mujeres que participaron con firmeza en el Dialogo Nacional. Actualmente, continúa en las negociaciones. A través de sus redes sociales sostiene como prioridad la misma demanda de libertad para todos los presos políticos. Esta feminista fue quien restregó a Daniel Ortega y Rosario Murillo un recuento del diario La Prensa con la lista de los asesinados de entre abril a mayo de 2018, muertos que el régimen negaba en cadena nacional, entre ellos menores de edad y los casos emblemáticos del adolescente Álvaro Conrado y el periodista Ángel Gahona.
Otra de las voces que ganó fuerza y se ubicó en la lista de universitarias más desafiantes fue Madelaine Caracas. Con tan solo 20 años y ante el cinismo de la pareja presidencial de negar la masacre de la que se le señalaba como el principal responsable, la joven estudiante de la Coalición Universitaria retó al poder y con voz firme y segura dijo, el mismo 16 de mayo frente a Daniel Ortega y Rosario Murillo: “Pidieron lista de estudiantes y aquí los tenemos”. Así, procedió a leer uno a uno los nombres de los muertos. Los dictadores se quedaron en silencio mientras los compañeros de Madelaine respondían a cada nombre: “Presente, presente, presente”.
Esto le mereció el exilio. Las amenazas no se hicieron esperar, pero desde su trinchera sigue denunciando las violaciones del régimen contra los ciudadanos nicaragüenses. Realizó una gira por Europa y en Costa Rica sigue siendo una de las referentes de la lucha. Tiene medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y fue nombrada como una de las mujeres más desafiantes durante las protestas de Nicaragua, según la reconocida Revista Estrategia & Negocios.
Las abuelas “vandálicas”
La resistencia femenina tampoco ha tenido limites de edad. Miriam del Socorro Matus, mejor conocida como “Doña Coquito”, a sus 78 años, se robó el corazón de centenares de nicaragüenses, al regalar agua de su venta a los manifestantes que se encontraban protestando contra el régimen en las afueras del Seminario de Fátima.
Doña Coquito luego cobró notoriedad por participar en todas las marchas azul y blanco, también fue víctima de represión, ataques contra su pequeño negocio de venta de bebidas y caramelos, y hasta fue detenida por primera vez en su vida por parte de la Policía orteguista cuando pretendía participar en una marcha.
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“Me conmueve demasiado ver llorar a las madres y ver morir a los jóvenes, ese dolor me lleva a estar en solidaridad con la gente, es necesario que el pueblo vea estas injusticias que estamos pasando,” expresó tras su detención a medios de comunicación. Doña Coquito también es conocida como “la abuela vandálica”.
Doña Flor Ramírez y su huipil azul y blanco se convirtió en otro símbolo de resistencia cívica nicaragüense. “Siempre me he identificado con las problemáticas de los ancianos y me gusta apoyar causas sociales. Cuando vi a tantos jóvenes en las calles dije: ‘Porqué yo me voy a quedar en casa si ellos están protestando por nosotros’ “, declaró a medios de comunicación, cuando participaba de las marchas.
Ella también fue objeto de amenazas y la policía del régimen la arrestó el mismo día que a doña Coquito, solo por protestar bailando y con el traje típico de Nicaragua.
En esta resistencia cívica, las mujeres han sido el alma y corazón de la lucha. No claudican y en medio de las constantes agresiones y atropellos de la dictadura, se han reinventado ante el dolor propio y ajeno manteniéndose firmes y abrazadas a esta lucha colectiva de toda Nicaragua.
