La mañana de este 15 de febrero, la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional, controlada en su totalidad por la aplanadora orteguista, presentó un dictamen favorable a la Ley de Reforma a la Ley 822, Ley de Concertación Tributaria.
A pesar de las advertencias de los empresarios, economistas y expertos fiscales y tributarios del impacto que tendrá dicha reforma contra la ya moribunda economía nacional, el régimen de Daniel Ortega parece decidido a hundir lo poco que queda de la recaudación del país.
Los empresarios han advertido que las reformas fiscales que obligan a las empresas y a los consumidores a pagar más impuestos, y al mediano plazo obligará a los empresarios a despedir trabajadores, cerrar sucursales, o incluso, algunas compañías transnacionales han anunciado la posibilidad de cerrar operaciones en Nicaragua.
La dictadura cedió en mantener la exoneración a la producción de carne de pollo; sin embargo los ciudadanos pagarán por la pechuga entera y la pechuga con ala, ya que esto encarecerá el producto en toda la cadena de oferta al consumidor.
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De igual manera el régimen impondrá medidas más duras elevando el techo exonerado del pago mínimo del Impuesto sobre la Renta (IR) de las cooperativas pasando de 40 millones de córdobas mensuales a 60 millones.
En el caso de las industrias exportadoras, Ortega y Murillo desisten de eliminar el incentivo del 1.5 por ciento del IR. El diputado orteguista Wálmaro Gutiérrez explicó en conferencia de prensa que el pago mínimo del sector pesquero se pasa de 1% a 2% de sus ingresos brutos.
Por otra parte, los supermercados que han sido sumamente afectados por la crisis sociopolítica que inició en abril de 2018, deberán entregar el pago mínimo del IR sobre sus márgenes de comercialización y no sobre sus ventas totales; sin embargo aumentará la cuota al 3%.
La levadura, el pan y los helados elaborados en el país no pagarán impuestos porque según el diputado orteguista se “arriesgarían miles de empleos”.
Culpan a los ciudadanos por reformas
El orteguista Gutiérrez señaló, durante la conferencia de prensa, que los principales culpables de llevar a cabo estás reformas son los “grupos minúsculos, pero con gran poder de daño” que impulsaron “el golpe de Estado”, haciendo referencia a los universitarios que se levantaron pacifícamente en abril de 2018, y que fueron masacrados por la pareja presidencial y sus paramilitares, que según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) asesinaron al menos a 325 ciudadanos, que ha sido calificado como “crímenes de lesa humanidad”, cometidos por el Gobierno.
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“De no haber sido por esas acciones la reforma que hoy estaríamos aplicando sería otra”, dijo Gutiérrez.
La propuesta, cuyo dictamen presentó este viernes el orteguista Wálmaro Gutiérrez fue enviada a la Asamblea Nacional el 25 de enero. En ese entonces dijeron que se aprobaría en pocos días, sin embargo ha sido postergada tres semanas, en un aparente intento de la dictadura por torcer el brazo de los empresarios para que buscaran negociar, sin embargo, las cámaras del Consejo Superior de la Empresa Privada y los organismos de consulta económica del empresariado se mantienen firmes en que no habrá negociación para resolver la economía, porque el problema que originó la crisis es político, y Ortega tendrá que ceder y dar una respuesta política, que incluye el diálogo, libertad de los presos políticos, apertura de los medios de comunicación confiscados y adelanto de elecciones.
Bueno agarrarnos los pantalones, estos Régimenes son insensibles ante los clamores del pueblo, hablan de minúsculos ellos son los mayúsculos, liberaron al pueblo de los terroristas, por lo que las mayorías deberían estarlos apoyando, y tienen miedo de adelantar las elecciones. Ojo van a querer perpetuarse en el poder al igual que Maduro por una Asamblea Nacional Constituyente, es ahora que tiene que actuar duro la comunidad internacional, hay que sacarlos a como sea y que sirva como un mensaje a Maduro.