La policía orteguista inició el traslado de los presos políticos recluidos en las instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial, mejor conocida como “El Chipote”, hacia la nueva cárcel recientemente inauguradas por la dictadura, identificada como complejo Evaristo Vásquez Sánchez.
El diputado de la bancada Sandinista Carlos Emilio López declaró a medios de comunicación, que la movilización de los detenidos ya había iniciado y que se pretende trasladar a todos los investigados hacia el nuevo complejo.
El abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) Pablo Cuevas, manifestó que se intenta maquillar la realidad y salidas aparentes que no van a la raíz del problema, que es el irrespeto a las leyes y la violación a los derechos humanos.
“Persiste el abuso porque tienen que dejar en libertad a los detenidos que tienen meses de estar allí, no tienen porque trasladarlos a un nuevo complejo, allí tienen una cantidad de personas secuestradas, no tienen porque tenerlas allí”, enfatizó Cuevas.
Desde antes del estallido social de abril, organizaciones de derechos humanos han calificado “El Chipote” como un centro de tortura; sin embargo, con la persecución policial que el régimen inició contra las voces disidentes, en el contexto de las protestas, el lugar se convirtió en un verdadero referente de terror para los presos políticos y sus familiares.
Según información publicada por medios oficialistas la inversión de la nueva infraestructura es de 183 millones de córdobas del Presupuesto General de la República. Según esta misma fuente cuenta además con 15 celdas con capacidad para seis personas. Un área de celdas para mujeres, una de reconocimiento, una oficina de entrevistas dispuesta para la relación de abogados y detenidos, otra área para la visita de familiares y otra de servicios médicos.
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Para Pablo cuevas, el problema no se soluciona con el cambio de instalaciones físicas, sino que se trata, del respeto a los derechos constitucionales, ciudadanos y principalmente humanos de los detenidos, mucho de ellos retenidos por más de dos días en abierta violación a la ley, y en condiciones de ilegitimidad por paramilitares y sin haber cometido delito alguno.
