Después que la subsecretaria de Estado de Estados Unidos, para Asuntos del Hemisferio Occidental, Kimberly Breier, asegurara que las sanciones impuestas por la administración norteamericana contra la petrolera venezolana PDVSA llegarían hasta la empresa binacional Albanisa y hasta el Banco Corporativo, S.A. (Bancorp), la entidad que sirve como caja de los petrodólares administrados por el anillo de poder de Daniel Ortega, emitió una “nota aclaratoria” donde se desvinculó de Albanisa y de PDVSA.
“Banco Corporativo S.A. es un banco privado de capital nacional donde no existe participación accionaria de Albanisa, PDVSA o subsidiaria alguna de estas. De igual forma aclaramos que estas empresas no tienen incidencia sobre nuestras operaciones”, aseguran los administradores del Bancorp en la nota.
Pero al intento del Banco Corporativo de borrar la huella de los petrodólares, resulta inútil. Con una breve revisión por los reportes periodísticos de 2015, cuando Víctor Urcuyo, en ese entonces titular de la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras (Siboif) declaró al diario La Prensa que el grupo dueño del Bancorp era Albanisa.
Otra de las pruebas de la relación directa entre el Bancorp y Albanisa es que hasta diciembre de 2017, el tesorero del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y vicepresidente de la empresa nica-venezolana, Francisco López, era parte de la junta directiva del Bancorp. Esta desaparición de López del organigrama del Bancorp, se produjo luego de que varios congresistas insistieran en que fuera sancionado con la Ley Global Magnistky. Lo que ocurrió el 5 de julio de 2018.
La Subsecretaria de Estado de EE. UU dijo que “con un estado policial, arrestos y ataques diarios arbitrarios a la prensa libre, el aliado de Maduro, Ortega continúa su campaña de represión en Nicaragua. Las sanciones en PDVSA también tienen como objetivo ALBANISA, Bancorp y todas las subsidiarias de propiedad mayoritaria. Continuaremos responsabilizando al régimen de Ortega”.
Desde finales de 2016 se comenzó a mover el dinero de Albanisa con dirección a las bóvedas del Bancorp, solo a finales de 2017, aumentó sus depósitos hasta un 225%, que se reflejan en más de 5 390 millones de córdobas procedentes de otros bancos. Este flujo de dinero fue realizado en tan solo dos meses.
Entre el 2007 –año en que Daniel Ortega regresó a la presidencia de Nicaragua– y el 2015, los flujos de la cooperación venezolana superaron los 5.5 millones de dólares, los cuales fueron privatizados por el orteguismo.
Al inicio, esos recursos fueron amasados a discreción por Ortega y su anillo de poder y los mantuvieron en las bóvedas de la Caja Rural Nacional (CARUNA), una cooperativa de ahorro y crédito propiedad del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Luego de cuestionamientos por parte de funcionarios del gobierno venezolano, por la falta de garantías de pago de dichos préstamos, el orteguismo se vio obligado a crear el Bancorp para guardar los petrodólares.
Inicialmente esos millones fluían entre el Bancorp y entidades financieras de la banca nacional, pero con la llegada de las sanciones norteamericanas contra PDVSA y contra el tesorero del FSLN, Francisco López, tuvieron que meter esa millonada definitivamente en el Bancorp y ofrecerla como préstamos a entidades del Estado como la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (ENATREL) y para pagar subsidios de energía y transporte, que terminan endeudando al país con el conglomerado empresarial privado de Ortega.
