[vc_row][vc_column][vc_column_text]Esta mañana un grupo de líderes del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), interpusieron un recurso de inconstitucionalidad en contra de los decretos presidenciales 206 y 207. Estos decretos del Ejecutivo convirtieron en deuda pública dos préstamos que las empresas del Estado ENEL y Correos de Nicaragua realizaron para remodelaciones en plantas hidroeléctricas y compra de equipos.
Según Ricardo Zambrana, miembro del MRS, el Presidente Daniel Ortega no tiene ninguna facultad en la constitución de Nicaragua para «ordenar el pago de deuda pública, ni para aprobarla».
Suyen Barahona, presidente del MRS, señala que lo más preocupante es el impacto que tiene en los nicaragüenses el que se tenga que pagar al Banco Corporativo 165 millones de córdobas que pudieron invertirse en «hospitales y en educación (y más bien) se metieron en las arcas de la familia Ortega-Murillo».
Según el comunicado de prensa del MRS estos decretos son una prueba de que «Ortega ha mentido al pueblo de Nicaragua cuando afirmó que el endeudamiento con Venezuela era una deuda privada. Ahora el pueblo nicaragüense se ve obligado a pagar por prestamos contratados al margen de la ley y cuyo uso se ha realizado sin transparencia, ni rendiciones de cuentas».
El exdiputado del MRS Víctor Hugo Tinoco opinó que este tipo de decretos del ejecutivo son un abuso de poder que se llevan a cabo por la falta de una bancada de oposición en la Asamblea Nacional que trate de frenar estas medidas.
«Cuando vienen abusos de estos como los que estamos denunciando, de este dinero que le están quitando al pueblo, nadie protesta y tenemos los ciudadanos que protestar con un recurso de inconstitucionalidad por dos decretos de Daniel Ortega que le quitan al pueblo nicaragüense 165 millones de córdobas».
Tinoco criticó a los diputados aliados de Ortega, que llegaron al cargo, a través de unas elecciones controladas por el mismo régimen, pero que se venden como opositores, quienes han aceptado con sumisión que el Ejecutivo pase por encima de la Asamblea Nacional, entre los que destacan los 14 parlamentarios del arnoldista Partido Liberal Constitucionalista (PLC), uno del Partido Conservador, uno de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) y otro del Partido Liberal Independiente (PLI).
El recurso de inconstitucionalidad se basa en la violación del artículo 130 de la Constitución Política de Nicaragua que dice que «ningún cargo concede a quien lo ejerce más funciones que aquellas atribuidas por la Constitución y las leyes».
Los dirigentes del MRS, esperan que con este recurso los decretos sean declarados como inconstitucionales y pretenden que se ordene al Banco Corporativo, S.A el reintegro de la totalidad del dinero que ha recibido en concepto del pago de la deuda.
Tinoco agregó que “con este recurso queremos ver si en esta Corte Suprema de Justicia (CSJ) todavía hay algún magistrado con dignidad o si ya se van a destapar absolutamente de que son obedientes a Ortega y que no les importa la violación de la Constitución”.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
