La propuesta de formar una Junta de Gobierno de transición, que pueda asumir el poder ante una eventual salida de Daniel Ortega y Rosario Murillo es viable, pero requiere tiempo y organización, y no puede saltarse los procesos establecidos en la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos (OEA), según varios analistas, exdiplomáticos y opositores.
Roger Guevara Mena, exembajador de Nicaragua ante las Naciones Unidas, explicó que, aunque el gobierno de transición es una medida viable para acceder a un mecanismo que le dé continuidad constitucional a la crisis que vive el país, su legalidad dependerá de la aceptación de todos o la mayoría de los sectores sociales.
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El expresidente de Hagamos Democracia, Róger Arteaga señala que, aunque la propuesta es positiva y bien intencionada es prematura en este momento, ya que está pendiente la aplicación de la Carta Democrática, y no debe entorpecerse lo que ya se está trabajando a nivel internacional.
Opinión que coincide con la del opositor Félix Maradiaga, quien señala que “la figura de “gobierno de transición” o “junta de gobierno”, presenta algunas limitantes: la primera es que se adelanta los tiempos, ya que aún no existe un acuerdo ni en el marco de la OEA ni de otra instancia, de reconocer a un grupo de oposición como el legítimo representante del Estado. Al existir ese vacío, el reconocimiento de esa junta sería un problema y quizás hasta una distracción para otros aspectos claves de la lucha, como es, por ejemplo, conseguir los 24 votos para la aplicación del artículo 20 de la Carta”.
Maradiaga, además plantea la problemática de la metodología de escogencia de una “Junta de Gobierno”. Para que esta cuente con legitimidad y reconocimiento nacional e internacional, es preciso que nazca de una instancia que tenga un alto nivel de representatividad, explica el también politólogo.
Arteaga además añade que ninguno de los miembros de dicha junta, debe ser considerado como candidato a la presidencia. Esta junta de transición hacia la democracia debe tener como tareas, las reformas a la Ley Electoral, nombramiento de magistrados y la realización de elecciones libres y transparente.
Iglesia sigue apostando por el dialogo nacional
Ante la propuesta de crear un gobierno de transición, miembros de la Iglesia Católica sostienen que se deben buscar medidas apegadas a la realidad y agotar todas las vías posibles de solución a la crisis que vive Nicaragua.
El vicario Judicial Julio Arana manifestó que lo primero que se tiene que hacer es retomar el dialogo nacional, que supere las debilidades del anterior intento de consenso, pues una junta o gobierno de transición requieren del reconocimiento internacional, y por el momento, organismos como la OEA, trabajan en el análisis de la aplicación de la Carta Democrática.
“Muchas cosas pueden proponerse, pero otra cosa, es que se ajusten a la realidad que estamos viviendo” expresó el sacerdote, citando a monseñor Silvio Báez.
Iniciativa nace de defensores de derechos humanos y grupos de pensamiento
La creación de un gobierno de transición fue una propuesta planteada por la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPH), ante lo que han denominado como un “Estado fallido en el ejercicio del poder”, debido a que no se garantiza la seguridad de los nicaragüenses ni la “protección a la vida, el derecho a la familia, de la propiedad y el respeto a los derechos humanos”.
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Otro sector que propuso una iniciativa similar es el Grupo Millenium, conformado por ciudadanos de diferentes sectores, en su mayoría profesionales e intelectuales.
El 21 de diciembre, durante el programa televisivo IV Poder, que se transmitía por el clausurado 100% Noticias, el analista de izquierda Julio López Campos también hizo la misma propuesta y hasta mencionó a posibles figuras de la oposición y rostros visibles de la protesta cívica de los últimos meses para que encabezaran dicha junta de gobierno.
López Campos mencionó como posibles integrantes de dicha estructura de gobierno de transición a la líder campesina Francisca Ramírez, al periodista Carlos Fernando Chamorro, al periodista y preso político de la dictadura Miguel Mora (que en ese momento estaba grabando el que sería su último programa televisivo) y a la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez.
Estas tres propuestas pretenden organizar una Junta de Gobierno con el sector campesino, social, empresarial, etnias, exilio y diáspora; y acompañarlo de un consejo de Estado integrado por los miembros del grupo, los movimientos universitarios y de todas las organizaciones involucradas en el proceso de resistencia cívica y pacífica que exige cambio en el país.
