ANPDH propone junta de gobierno provisional ante Estado fallido en Nicaragua

La creación de un gobierno de transición es la solución que plantea la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPH) para poner fin a la crisis sociopolítica que atraviesa el país desde el 18 de abril. Con ello, se apostaría por una salida pacífica del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Los representantes de esa entidad insisten que el país vive un «Estado fallido en el ejercicio del poder, debido a que no se garantiza la seguridad de los nicaragüenses ni la «protección a la vida, el derecho a la familia, de la propiedad y el respeto a los derechos humanos», lo cual ha llevado a un «vacío de poder político». 

La propuesta, según una nota de prensa publicada por dicha organización, se basa en el artículo 3 de la «Declaración de Derechos Humanos del Buen Pueblo de Virginia de 1776» en el que se resalta «que es un derecho irrenunciable del pueblo, ante un gobierno que no satisface las exigencias del bien común, el derecho a reformarlo, alterarlo o abolirlo».

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Otro de los puntos en los que se ampara la iniciativa de la ANPDH es precisamente la Constitución Política de Nicaragua, refiriéndose al artículo 6, que establece que «promueve como valores superiores la dignificación del pueblo a través de su ordenamiento jurídico, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los Derechos Humanos, la ética y el bien común».

La junta de gobierno provisional persigue refundar el Estado de Nicaragua. Según Álvaro Leiva, secretario general de la ANPDH, ese gobierno de transición estaría conformado por «diferentes sectores sociales, entre ellos: campesinos, estudiantes, sociedad civil y excluiría a quienes han violado los derechos humanos de los nicaragüenses».

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Este organismo ha sido uno de los que más ha trabajado en la defensa de los derechos humanos desde que inició la represión en abril contra los nicaragüenses. Recuentan más de 500 asesinatos, cerca de 4 000 heridos y miles de refugiados. Desde agosto de 2018, los directivos de la ANPDH se exiliaron en Costa Rica para escapar a las amenazas de la dictadura de Daniel Ortega.