Siete de las 16 presas políticas que fueron golpeadas el pasado 29 de octubre por un grupo de hombres encapuchados en el Sistema Penitenciario de Mujeres La Esperanza, fueron beneficiadas con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La @CIDH otorgó medidas cautelares, mediante la resolución 84/2018, a un grupo de mujeres privadas de su libertad en el Centro Penitenciario “La Esperanza”, que habría sido víctima de agresiones físicas y psicológicas, insultos y amenazas por parte de agentes penitenciarios. (1)
— CIDH (@CIDH) 13 de noviembre de 2018
Wendy Flores, abogada del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) detalló, en conferencia de prensa, que el gobierno de Nicaragua está en la obligación de cumplir y garantizar la seguridad e integridad de las privadas de libertad.
Noticia relacionada: Presas políticas lanzan alerta por una de sus compañeras que padece cáncer
Las siete presas políticas a la que fue dirigida la orden son: Amaya Coppens, Olesia Muñoz Pavón, Tania Verónica Muñoz, Solange Centeno Peña, María Adilia Peralta, Irlanda Jerez y Nelly Roque Ordoñez; las cuales deberán tener acceso a medicamentos, visita de sus familiares y abogados.
Las beneficiarias son Amaya Eva Coppens Zamora, Olesia Auxiliadora Muñoz Pavón, Tania Verónica Muñoz Pavón, Solange Centeno Peña, Maria Dilia Peralta Serrato, Irlanda Undina Jerez Barrera y Nelly Marilí Roque Ordoñez, todas en situación de gravedad y urgencia. (2) #Nicaragua
— CIDH (@CIDH) 13 de noviembre de 2018
José Denis Muñoz, hermano de una de las presas políticas declaró en rueda de prensa en el Cenidh que a su hermana no le han permitido el acceso de alimentos, medicina y ha sufrido un sinnúmero de actos de violencia.
Según Flores, el Estado tiene la obligación de proteger a las presas políticas que cuentan con medidas cautelares y notificar cualquier acción que se vaya a ejecutar contra ellas.
