Esta mañana personeros del régimen de Daniel Ortega no permitieron que el equipo periodístico de Artículo 66 entrara a una conferencia de prensa donde la ministra de Gobernación, María Amelia Coronel entregaría un informe sobre los presos políticos, secuestrados por la dictadura, a la llamada «Comisión de la verdad». La conferencia se realizó en el edificio del Ministerio de Gobernación (MIGOB).
Al momento de entrar al edificio uno de los encargados de levantar la lista de los periodistas que entraban a la conferencia apartó a los reporteros de este medio de comunicación del resto, les pidió sus nombres e indicó que esperaran. Varios minutos después los periodistas cuestionaron a estas personas sobre la razón por la que les hacían esperar mientras se les permitía la entrada normal a otros medios de comunicación internacionales y a los reporteros de los órganos de propaganda del orteguismo, a lo que respondieron «no tenemos autorización para dejarlos entrar».
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Tras casi media hora tratando de ingresar, finalmente el equipo de Artículo 66 salió del edificio y esperó en el vehículo frente al MIGOB, para hacer algunas fotos a lo que dos uniformados de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía salieron para pedir que se movieran del sitio donde estaba estacionado.
Los periodistas de medios internacionales fueron convocados a través de correo electrónico por la exnuera de la pareja gobernante, Idania Castillo, a las 10 y 49 minutos de la mañana, para un evento que iniciaría a las 11:30.
La «apertura» del orteguismo para la prensa internacional, al parecer, obedece a una estrategia para lavarse la cara ante el mundo, en una etapa de profunda crisis política desatada por la represión y más de 500 asesinatos, que le ha costado una campaña mundial, reportes de organismos de derechos humanos, sesiones en las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, así como sanciones de Estados Unidos y otros países contra los funcionarios de la dictadura y sus cómplices.
Vieja costumbre
A lo largo de los 11 años del gobierno de Ortega, los medios de comunicación han sufrido censura abierta, bloqueo a la cobertura en instituciones públicas, prohibición a funcionarios de hablar para medios independientes y presiones políticas a todos los niveles para obligarlos a desistir de su labor informativa.
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El régimen, en cambio, ha creado un aparato mediático de al menos cinco canales de televisión, más de una decena de radio emisoras y varios medios digitales. Para sostener a toda esa maquinaria de propaganda, la familia gobernante destina una cifra incuantificable de recursos del Estado para publicidad, lo que muestra el gigantesco entramado de corrupción que hay detrás de la política informativa de comunicación de la dictadura.
