Trabajadores del Estado denunciaron a Artículo 66 que los están obligando a firmar una ficha de militancia sandinista en la que los hacen jurar “defender la victoria del pueblo, con el FSLN (Frente Sandinista de Liberación Nacional) en la trinchera que me corresponda para asegurar la continuidad y profundización de nuestro Proyecto Sandinista, por una Nicaragua Cristiana, Socialista y Solidaria”.
Pero lo más alarmante para los ciudadanos que laboran en instituciones como la Dirección General de Ingresos (DGI), Instituto Nacional Tecnológico (Inatec), Ministerio de Educación (Mined) o la Alcaldía de Managua es que en el formulario piden que agreguen sus perfiles de cómo los encuentran en las redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat.
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Algunos empleados públicos que enviaron copias de los formularios a este medio de comunicación, lamentaron que su información privada esté siendo “invadida” por el partido gobernante, sin embargo, declaran que “ni modo, nos ha tocado llenarlas por que si no nos corren”.
Otro punto que llama la atención del formulario es que preguntan a los trabajadores si pertenecen a “otro tipo de organización” o “movimiento”. También, preguntan cuántas personas dependen del trabajador y solicitan que llenen sus contactos telefónicos con todas las compañías de celulares existentes en Nicaragua (Claro, Movistar, Cootel).
La medida llega tras la crisis sociopolítica en el país, que inició el 18 de abril, con protestas en contra del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, manifestaciones que han puesto en jaque al Gobierno, pues gran parte de la ciudadanía exige la salida de la pareja presidencial del poder por considerarlos incapaces para dirigir la nación y los responsabilizan por las muertes de centenares de ciudadanos, asesinados por policías y paramilitares bajo el control del oficialismo.
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Esta nueva acción intimidatoria se suma a una serie de medidas represivas contra trabajadores del Estado, que incluyen despidos, sobre todo de médicos y maestros de el todo país; amenazas, persecución y obligación a que participen en marchas en respaldo a la dictadura de Ortega y Murillo.
