La vocera de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Liz Throssell, lamentó “profundamente la decisión del Gobierno nicaragüense de expulsar al equipo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH)”.
La decisión la tomó el Gobierno de Daniel Ortega el 30 de agosto, supuestamente porque OACNUDH ya había cumplido su misión en cuanto al levantamiento de tranques en Nicaragua, pero el representante de la ONU en el país, Guillermo Fernández Maldonado, señaló que su objetivo era el retorno de la paz y la seguridad, lo cual aún no se ha logrado.
La vocería de la Alta Comisionada vinculó la salida con la presentación de un contundente informe de la la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos donde resaltaron las constantes violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses por parte del Estado, lo que incluye la criminalización de las protestas, arrestos, detenciones ilegales, violaciones sexuales en las cárceles.
Throssell enfatizó que la “decisión se produjo un día después de que publicáramos un informe sobre las violaciones de los derechos humanos y los abusos cometidos en el país desde abril. La protección de las víctimas en Nicaragua es cada vez más desafiante debido a la limitación en el acceso y la supervisión por parte de la comunidad internacional”.
Campaña de difamación contra los manifestantes
La ONU volvió a insistir en que debe parar la “campaña de difamación” en contra de los manifestantes, misma que impulsan los medios de propaganda del régimen y los funcionarios de Gobierno, en especial, la vocera y vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, quien ha lanzado epítetos contra los protestantes.
Liz Throssell enfatizó que la campaña de difamación incluye “el calificar a los manifestantes como “terroristas” y “golpistas”, además de despidos injustificados y amenazas generalizadas”.
El equipo de OACNUDH salió de Nicaragua el 1 de septiembre, pero afirmaron que continuarán monitoreando la situación de los derechos humanos de Nicaragua de forma remota, en este caso, desde la oficina regional en Panamá, con el propósito de seguir “siendo una voz para las víctimas”.
