La embajadora de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, se pronunció tras la divulgación del informe “Violaciones de derechos humanos y abusos en el contexto de las protestas en Nicaragua”, presentado este miércoles, 29 de agosto, por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas.
La representante del Gobierno de Donald Trump señaló que ese “informe destaca lo que venimos diciendo desde hace meses: Ortega está aterrorizando a su propio pueblo. El gobierno nicaragüense debe poner fin a su campaña de violencia e intimidación. Hasta que el pueblo de Nicaragua pueda expresar su voz de manera libre y pacífica, la comunidad internacional debe seguir ejerciendo presión sobre el régimen. De lo contrario, estaremos ante otra Venezuela y se debilitará la seguridad de toda la región”.
La reacción llega después de que se diera a conocer el documento de la ONU, que detalla que desde que inició la crisis sociopolítica en Nicaragua, el 18 de abril, el régimen de Daniel Ortega ha hecho uso desproporcionado de la fuerza por parte la policía, que a veces se tradujo en ejecuciones extrajudiciales; desapariciones forzadas; obstrucción del acceso a la atención médica; detenciones arbitrarias o ilegales con carácter generalizado; frecuentes malos tratos y casos de torturas y violencia sexual en los centros de detención; violaciones a las libertades de reunión pacífica y expresión y la criminalización de los líderes sociales, personas defensoras de los derechos humanos, periodistas y manifestantes considerados críticos con el Gobierno.
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La nota de prensa emitida por la misión de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas también recalca que el Estado de Nicaragua ha ejercido “violencia contra miembros y establecimientos de la Iglesia católica”, señalamiento que surge a partir del ataque a obispos y sacerdotes quienes han recibido golpes, amenazas e insultos por parte de turbas y paramilitares orteguistas, lo que ha llevado a algunos religiosos hasta tener que exiliarse.
El 19 de julio, en el acto del 39 aniversario de la Revolución Popular Sandinista, el presidente Daniel Ortega tildó a los obispos de “golpistas”. Los representantes de la Conferencia Episcopal de Nicaragua son los mediadores y testigos de la mesa del diálogo nacional, misma que se mantiene suspendida desde el 9 de julio, tras el brutal ataque contra religiosos en la Basílica Menor de Diriamba, en Carazo; cuando intentaron mediar para detener la violencia en ese municipio.
