Nuevamente el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo intentó descalificar el trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por las investigaciones que realizan en Nicaragua tras los sucesos que iniciaron el 18 de abril, con las protestas por unas reformas a la seguridad social, que posteriormente, debido a la represión, se transformaron en una demanda de justicia, democracia y que pide la salida del poder de la pareja presidencial.
Como parte de la campaña contra ese organismo internacional de derechos humanos, el Gobierno envió a Arlette Marenco, viceministra de Relaciones Exteriores de Nicaragua, a leer en la tarima de la Rotonda Hugo Chávez, como parte del programa al finalizar sus marchas, un informe de la actuación “parcializada” de la CIDH.
La delegada de la Cancillería destacó que su Gobierno “actuando de buena fe” permitió el ingreso de la CIDH a partir del 13 de mayo para que evaluara la “situación de los derechos humanos en el contexto de los sucesos del intento del golpe de Estado”. La supuesta parcialidad que atribuyen a la CIDH se basa en un informe preliminar que presentó ese organismo el 21 del mismo mes, donde según el régimen, la organización se basó “fundamentalmente en informaciones audiovisuales y testimonios editados y manipulados por los autores y ejecutores del intento de golpe de Estado, dándole plena veracidad”.
El régimen sostiene que “la CIDH manipuló la información, convirtiendo un intento de golpe de Estado en una supuesta protesta pacífica… La CIDH omite deliberadamente la verdad que no conviene a los intereses de quienes desde el exterior patrocinan las acciones dirigidas a derrocar el gobierno constitucional de Nicaragua” .
La funcionaria orteguista mencionó que la CIDH “ha usado criterios parcializados y sesgados, evitando intencionalmente emitir opiniones y conclusiones cuando se trata de los actos de violencia y crímenes ejecutados por los protestantes “pacíficos”.
La CIDH registra 317 personas fallecidas en el contexto de las protestas en Nicaragua y ha dicho que la mayoría de muertos corresponden a civiles, dato que el régimen no acepta y pretende vender que la cifra es menor y que las víctimas han sido, de acuerdo con su discurso, policías, simpatizantes sandinistas y ciudadanos que no participaban en las manifestaciones.
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Cuestionan metodología usada por la CIDH
En el informe, la Cancillería también cuestiona la metodología de trabajo de la CIDH, la que según ellos “carece de todo tipo de rigor científico” y hay “una falta de verificación de la información que recibe”. El régimen recalca que el único fin de esa organización es “promover maniobras políticas injerencistas” con el propósito de aislar internacionalmente a Nicaragua.
Bajo esos argumentos, supuestamente el “pueblo de Nicaragua exige el cese de la participación de la CIDH en la campaña política y mediática, de mentiras, tergiversación, calificativos y estigmatización en contra del Gobierno”.
Ataque constante
Esta no es la primera vez que el régimen desacredita a la CIDH. El mismo mandatario Daniel Ortega tildó a esa comisión como “mentirosa”, en una entrevista brindada al periodista de CNN Andrés Oppenheimer, cuando se le cuestionó por la diferencia de cifras, ya que el Gobierno solo reconoce 198 personas fallecidas en ese contexto.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó el informe final en la Organización de Estados Americanos y también en esa sesión el canciller de Nicaragua, Denis Moncada, rechazó los resultados y dijo que la CIDH estaba parcializada.
La lectura del comunicado se llevó a cabo al concluir una “caminata por la justicia por las víctimas del terrorismo golpista”, realizada el sábado, 18 de agosto; a como llama la administración sandinista a los muertos en las protestas. “¡Son 198, ellos los mataron! Que paguen por sus crímenes”, es lema que siguen los simpatizantes y trabajadores del Estado que acuden a las concentraciones para seguir con el discurso estatal que intenta evadir la responsabilidad de la represión de las fuerzas policiales y paramilitares contra los ciudadanos que se levantaron para protestar contra Daniel Ortega, Rosario Murillo y sus políticas gubernamentales.
El régimen omitió decir a sus seguidores que la presencia de la CIDH en el país se debió a la presión de los sectores de la sociedad civil, ciudadanos y universitarios así como los líderes de la Iglesia católica que condicionaron a Ortega para que permitiera la entrada de ese organismo para investigar las violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses debido a la desconfianza y falta de credibilidad que existe en las instituciones estatales por responder a los intereses de la pareja presidencial.
Esta es la segunda vez que representantes de la Cancillería se dirigen en plaza pública para leer comunicados en contra de organizaciones internacionales. En esta misma semana, el ministro de relaciones de Relaciones Exteriores, Denis Moncada, se pronunció en contra de la conformación de una comisión especial en la OEA para dar seguimiento a la crisis de Nicaragua, a la que reiteró que no permitirá su ingreso y la declaró inaceptable por supuestamente ser injerencista y responder a los intereses de los Estados Unidos.
