[vc_row][vc_column][vc_column_text]El gobierno de Estados Unidos, a través de su embajadora en la Organizaciones de Naciones Unidas (ONU), Nikki Haley, volvió a denunciar la brutal represión del régimen de Daniel Ortega, contra los ciudadanos que protestan pacíficamente en Nicaragua.
“La policía y los paramilitares progubernamentales nicaragüenses han intensificado los esfuerzos para reprimir a los manifestantes pacíficos. Cerca de 200 nicaragüenses han sido asesinados mientras el presidente Ortega usa la crisis política para aumentar la violencia y la represión por todo el país”, firmado por la diplomática estadounidense.
“El gobierno (de Ortega) debe poner fin de inmediato a su campaña de violencia e intimidación contra su propio pueblo por no hacer nada más que decir lo que piensan”, instó la embajadora Haley.
La funcionaria del Departamento de Estado también criticó “la demora” con la que el régimen orteguista permitió el ingreso al país para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Unión Europea.
La jefa de la misión norteamericana insistió en que “permitir que las Naciones Unidas y las organizaciones de derechos humanos viajen a Nicaragua es un proceso necesario, pero ahora el presidente Ortega debe garantizar el pleno acceso a estos grupos para que puedan investigar los abusos de los derechos humanos contra el pueblo nicaragüense a manos de su propio Gobierno”.
La embajadora Haley advirtió que su país continuará apoyando a los nicaragüenses “en el uso del poder de sus voces para luchar por el futuro de su país y convocar a elecciones libres y justas”, concluyó la funcionaria.
Embajadora de Estados Unidos ante la #ONU denuncia la violencia y represión de la dictadura de Ortega a través de su policía y los grupos paramilitares, e insta al tirano a parar los asesinatos. #Artículo66 #DerechoAInformar #SOSNicaragua #GritoPorNicaragua pic.twitter.com/sj1vqoqoDy
— Artículo 66 (@Articulo66Nica) 22 de junio de 2018
En las últimas semanas, el Gobierno de Daniel Ortega ha intensificado la represión y las acciones de terror contra los nicaragüenses que ejercieron su derecho constitucional a la protesta, durante los últimos dos meses.
El martes, 19 de junio, un intenso operativo armado con más de 500 efectivos antimotines y paramilitares portando armas de guerra atacaron durante varias horas la ciudad de Masaya, dejando a seis personas asesinadas y al menos a 40 heridos.
Como parte de los crímenes del régimen orteguista, se cuenta el incendio a una vivienda que dejó a seis personas quemadas, incluyendo a dos niños. El ataque fue calificado por el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro como un “acto de horror y un crimen de lesa humanidad que no debe quedar impune”. Los sobrevivientes de esa masacre señalan directamente a los policías y paramilitares como los autores.
En días pasados, un emisario del Senado de Estados Unidos y luego, el Embajador de ese país ante la OEA, se reunieron con Daniel Ortega, según versiones extraoficiales, para negociar su rendición y abandonar el poder, a cambio, Washington no aprobaría una serie de sanciones económicas y políticas contra Ortega, su mujer, Rosario Murillo y sus hijos.
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