[vc_row][vc_column][vc_column_text]La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció, mediante un comunicado que, desde este jueves, 17 de mayo, empezarían su visita preliminar en Nicaragua para iniciar la observación de la situación que atraviesan los derechos humanos de los nicaragüenses, a raíz de las protestas desatadas desde el 18 de abril.
De las indagaciones preliminares la CIDH presentará el primer diagnóstico de la situación de los derechos humanos de los nicaragüenses. La Comisión contará, según afirmaron en su comunicado, con la “asistencia” del Ministerio de Relaciones Exteriores, de igual forma, llamó a la sociedad civil a presentar información que le pueda permitir “alcanzar los objetivos trazados para la visita preliminar”.
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Los informes que encontrará la CIDH, desde organismos no gubernamentales que se dedican a la defensa de los derechos humanos de los nicaragüenses, son alarmantes ya que las muertes, hasta el momento, sobrepasan los 50 y heridos van más de 500.
La Comisión envió como líder de la misión de trabajo a la relatora de la CIDH para Nicaragua, comisionada Antonia Urrejola. Asimismo, la apoyaran el comisionado Joel Hernández, relator sobre derechos de las personas privadas de libertad, comisionado Francisco Eguiguren, relator sobre defensores y defensoras de derechos humanos.
El equipo de trabajo de la CIDH estará asistido por Paulo Abrão, secretario ejecutivo; María Claudia Pulido, Secretaria Ejecutiva Adjunta para el Monitoreo, Promoción y Cooperación Técnica en Derechos Humanos; especialistas de la secretaría ejecutiva; y los relatores especiales de libertad de expresión, Edison Lanza, y de DESCA, Soledad García Muñoz.
El objetivo que planteó la CIDH para la visita preliminar que tendrá una estancia de tres cinco días es “hacer una observación en terreno sobre la situación de los derechos humanos en el país, en el contexto de los sucesos que han tenido lugar desde el 18 de abril de 2018”.
La agenda del equipo de trabajo establece; una conferencia de prensa de la comisionada Antonia Urrejola, reuniones con autoridades del Estado, Conferencia Episcopal, organizaciones de la sociedad civil y actores relevantes. Asimismo, los relatores y comisionados se encargarán de registrar testimonios de estudiantes, personas y familiares “que han resultado afectados” sus derechos.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]