[vc_row][vc_column][vc_column_text]Miembros de la sociedad civil se plantaron frente a la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua en rechazo a lo que denominan la “Ley del bozal”, tras conocerse el pasado 13 de marzo que el Gobierno de Daniel Ortega pretende modificar algunas leyes del país, especialmente las que vinculan a la familia. La vicepresidenta Rosario Murillo dijo que esto incluiría la “influencia negativa” que generan las “redes sociales”.
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Esas declaraciones fueron el detonante para que se encendieran las alertas ante un posible control del internet y las redes sociales. Por ello, en esta segunda protesta, los ciudadanos aseguraron que unirán fuerzas con otros grupos para evitar que se les arrebate a los nicaragüenses la libertad de expresión.
La Constitución Política de Nicaragua establece en su artículo 66 que: “Los nicaragüenses tienen derecho a la información veraz. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas, ya sea de manera oral, por escrito, gráficamente o por cualquier otro procedimiento de su elección”.
Los protestantes expresaron que si se regulan las redes sociales traería severas consecuencias para la libre movilización y que con ello, se les les estarían privando de sus derechos. Octavio Ortega, miembro del Movimiento Campesino, afirmó que para la agrupación a la que el pertenece y que lucha por derogar la Ley 840 o Ley del Canal Interoceánico, las afectaciones serían mayores, ya que “nosotros organizamos las marchas contra el Canal Interoceánico desde las redes sociales, no es posible que esos medios de comunicación que tenemos para comunicarnos con todos los nicaragüenses tengan una regulación”.
Otra de las participantes del plantón es Mayra Centeno, miembro del Movimiento Campesino y originaria de San Juan del Río Coco, decidió unirse a la protesta porque asegura estar en total desacuerdo con cualquier regulación o censura en las redes sociales y afirma que es testigo de la represión que han vivido los campesinos, “han estado violentando los derechos, especialmente, a los campesinos. En todo el norte, Waslala estamos viendo toda la represión contra nuestros campesinos”.
Los participantes del plantón afirmaron que seguirán realizando este tipo de protestas y que no permitirán que se imponga una regulación en las redes sociales.
Ampliación de las consultas
Por su parte, Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, informó que el diálogo que están realizando para evaluar los cambios a diferentes leyes inició una segunda fase, la que culminará el 12 de abril. Porras especificó que se reunirán con el Consejo Nacional de Universidades, movimientos ambientalistas, sectores empresariales, directores de centros escolares públicos, asociaciones de periodistas, Unión Nacional de Estudiantes, todos estos actores concuerdan con la iniciativa planteada por el Gobierno de Ortega, lo que se convierte en una amenaza latente para la libertad de expresión.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
