[vc_row][vc_column][vc_column_text]Apenas tenía diez años la niña de iniciales L.K.M cuando fue separada abruptamente de su familia. Sucedió en las calles de un barrio del distrito III de Managua, la mañana de un seis de enero de 1996. El día transcurría normal. Su madre, quien desde joven ha luchado por sacar adelante a sus cinco hijos con la venta de productos comestibles, recuerda ese día como si se tratara de un episodio reciente.
Esa fecha, la progenitora de la menor se dedicó a preparar un arroz con leche para que su hija lo vendiera en las calles de su zona, como era costumbre. La niña salió con una pana sobre su cabeza repleta de vasos con ese postre, con la única misión de regresar sin ninguno.
─Ese día ella me dijo que no la mandara a vender porque la habían invitado a ir a Carazo, a un parque que hizo el difunto Herty Lewites (exalcalde de Managua), aunque no me dijo quién─ recordó entre sollozos la madre M.C.M., quien ya tiene casi sesenta años, de los cuales más de 20 los ha dedicado a la búsqueda de su hija, situación que la mantiene con remordimientos y estrés porque sus intentos han sido en vano y aún desconoce el paradero de la menor.
Ese día de Reyes, L.K.M regresó a su casa contenta, ya que en la primera venta le había ido bastante bien, pues a las nueve de la mañana estaba de regreso para traer la segunda tanda de arroz con leche. Ese fue el último momento en el que la madre y la niña se vieron.
El caso sigue siendo un misterio, aunque todo apunta a que la red que se llevó a la niña, posiblemente para fines de explotación sexual o tráfico de órganos, se amparó en la difícil situación económica de esa familia. Un hogar donde la madre priorizaba el alimento de sus hijos con los bajos ingresos que le generaban las ventas de sus productos.
Según el Manual Metodológico de Prevención de Trata de Personas del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), de 2015, los tratantes de personas atraen a las víctimas enfocándose en tres aspectos: situación económica, social y rangos de edad.
Puede leerlo completo: Manual Metodológico de Prevención de la Trata de Personas
En ese documento se señala que los principales enganches que usan los tratantes van dirigidos, principalmente, en el caso de Nicaragua, a anuncios en medios de comunicación impresos, contacto por redes sociales, falsas oportunidades de empleo, agencias de reclutamiento, agencias de viajes o turismo, escuelas, manipulación sentimental o matrimonios, raptos abruptos cuando los niños están en condición de vulnerabilidad.
La pequeña de diez años, quien cursaría su quinto grado por las tardes, ya no pudo presentarse a su nuevo año lectivo, que empezaría en febrero de 1996. La madre de la menor la describe como una niña de cabello liso, castaño claro, blanca, con pecas en la mejillas, ojos claros y de, al menos, un metro y diez centímetros de estatura. El día de su desaparición andaba un delantal blanco y una pana roja.
Esos detalles fueron parte de la denuncia que interpuso M.C.M. ante la Policía Nacional, un siete de enero, después de haberla buscado incansablemente desde el mediodía del seis de enero en los barrios vecinos, principalmente, en Loma Linda y San Judas, sitios que la niña recorría para vender los vasos de arroz con leche.
La respuesta que al principio recibió de las autoridades de la Policía parecían alentadoras. Le dijeron que habían iniciado las investigaciones y le prometieron que su hija regresaría a casa.
Las pesquisas no alcanzaron el fin esperado. Cuando los agentes de Policía interrogaron a M.C.M., ella se ponía nerviosa. Su reacción ante la situación que vivía la hacía reírse y temblar. Las autoridades no creyeron que fuera parte del estrés que le causó perder a su hija.
─Ellos decían (agentes de la Policía) que era auto secuestro, que yo la tenía secuestrada, que dónde la tenía─ refirió indignada la madre de L.K.M.
Después de tres meses y cinco días del rapto de su hija de diez años, tiempo en el que no paró de buscarla, la Policía le informó que se enteraron de que se la habían robado, que la habían encontrado en unos terrenos cercanos a la Rotonda El Periodista y que, por ello, le solicitaban presentarse a identificar el cuerpo.
Finalmente, le entregaron una bolsa con huesos, que la Policía le aseguró que eran de su hija. Ella la abrió en presencia de los uniformados, pese a que le llamaron la atención, prosiguió y vio que nada de lo que estaba ahí, además de la pana y el delantal, pertenecían al cuerpo de su hija.
─No era mi hija porque eran unos huesos disecados, echando polilla y la peluca que tenía de pelo llevaba cartón, iba cocida en el cartón con pelo amarillo, negro, de todo color llevaba y era una peluca. Me intentaron engañar, pero yo sabía y mi corazón sentía que la niña estaba viva. Esa no era ─ afirmó la madre, quien se sintió y se siente impotente ante el actuar policial.
En ese entonces, la madre tomó la bolsa de huesos y se los llevó a enterrarlos en el patio de su casa, pero nunca creyó la versión de las autoridades. Además de su presentimiento, M.C.M. revisó la osamenta y vio que los restos parecían huesos viejos. “Nunca les iba a creer que después de tres meses los restos de mi hija iban a estar en ese estado”, recalcó molesta.
Su desconfianza aumentó cuando revisó la dentadura de los restos que le entregaron. Notó que tenían muelas cordales y sus dos colmillos. La niña todavía no tenía edad para tener cordales y los dientes se le habían caído una semana antes del secuestro.
La madre no pierde las esperanzas de que algún día podrá ver a su hija regresar a casa. Ahora esa niña tendría 33 años.
─Quiero que sepa que nosotros no la hemos olvidado. Todos me preguntan por ella, en el mercado y en el barrio. Solo le pido que si puede me llame y me diga si está bien─ suplicó la madre mientras escurrió sus lágrimas.
En el 2015, se aprobó en Nicaragua la Ley contra la Trata de Personas (Ley 896), en la que se establece la creación de un Registro Nacional Único de Información sobre Trata de Peronas, aunque el Estado maneja bajo la sombra ese tema.
El artículo 17 de “Sistemas de Información”, de la Ley 896, resalta “la creación de un Registro Nacional Único de Información sobre Trata de Personas, como sistema de información oficial, coordinado y administrado por el Comité Ejecutivo Nacional, con el objetivo de administrar bases de datos estadístico oficial que sirva de base para la formulación de políticas, planes estratégicos y programas, así como para medir el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan Nacional estratégico para la prevención, atención, investigación, persecución y sanción del delito de trata de personas”. También, especifica que se “deberá publicar anualmente el informe nacional estadístico sobre trata de personas manteniendo la confidencialidad de las víctimas”.
Sin embargo, la Policía Nacional se guarda las estadísticas. No hay reportes de las denuncias recientes por trata de personas. Los últimos datos que se publicaron en los anuarios estadísticos policiales corresponden a 2014 (17 denuncias) y 2015 (11 denuncias).
Otro dato encontrado en el informe regional de jefes y directores de Policías de Centroamérica, México y el Caribe reveló que en el período 2016-2017, las operaciones contra la trata de personas en el istmo dieron como resultado el rescate de 438 víctimas y la detención de 151 tratantes.
Informe completo: Informe de Gestión 2015-2016 Reunión de Jefes y Directores de la Policía de Centroamerica, México, Caribe y Colombia
Lo preocupante en el caso de Nicaragua es que los casos de las víctimas de trata de personas no son visibilizados por la Coalición Nacional, que debió crearse desde la aprobación de la Ley 896. Otra de las situaciones que alarman a la sociedad es que ni las organizaciones de la sociedad civil que velan por el bienestar de las víctimas emitan cifras para que los nicaragüenses sepan lo que está pasando en el país.
Según algunos defensores de víctimas de trata de personas, la Ley 896 es letra muerta. “No conocemos si está activa (la Coalición), se supone que Codeni (Coordinadora Nicaragüense de ONG que trabaja con la Niñez y la Adolescencia) debería de mandar a un representante de las ONG´s. Gobernación tiene que convocarte porque si la Ley dice que debe de haber un representante, pues no se ha convocado todavía, tampoco conocemos en Codeni quién se ha destinado para representar en esa Coalición Nacional”, aseguró el defensor de iniciales H.M.A.G, quien ha pedido mantener en reserva su identidad por temor a represalias.
El defensor también expresó su preocupación por el hecho de que las organizaciones de la sociedad civil no son convocados y por la inactividad del sistema de información que se supone debería ser público “pero no lo conocemos, porque la primera acción que se debió emitir es quiénes son los de la coalición, quiénes son los representantes, convocar e informar de cuáles son los planes, pero como no se conoce ni eso, entonces lo demás; como los fondos que se destinan o las políticas que se aplican están inactivas, porque no sabes quién o cuánto”.
El investigador del Ieepp Augusto Will concuerda con esta demanda, ya que aseguró que “hay vacíos de información (…) La falta de información evidentemente pone en vulnerabilidad porque la información nos da parámetros, pistas por dónde enfocar los esfuerzos (…) Entonces ante la falta de esa información y falta de articulación de la sociedad civil y el Estado, pues evidentemente las víctimas están siendo vulnerables y posiblemente no se está atendiendo el problema de la forma que se debería”.
El también abogado H.M.A.G rescató que la aplicación penal, jurídica o de atención primaria sí se está aplicando en los centros de atención a las víctimas de trata de personas, además de la vigilancia y protección que reciben en el proceso judicial, penal y la no revictimización.
Sin embargo, a nivel internacional Nicaragua todavía no alcanza buenas calificaciones. El informe del Departamento de Estado Sobre la Trata de Personas 2017, de los Estados Unidos, ubicó al Gobierno de Ortega en el nivel de observación II, lo cual no deja al país centroamericano bien parado a nivel internacional, en cuanto al trabajo que se debe hacer para la prevención, mitigación y protección de las víctimas de trata.
La evaluación emitida por ese órgano dice que “el Gobierno de Nicaragua no cumple a cabalidad con las normas mínimas para la eliminación de la trata de personas; no obstante, ha realizado esfuerzos significativos para su cumplimiento. El Gobierno mostró esfuerzos significativos durante el período de revisión con la realización de acciones de sensibilización a nivel nacional. Sin embargo, el Gobierno no demostró un incremento en dichos esfuerzos con respecto al período anterior. El Gobierno identificó un número significativamente menor de víctimas por segundo año consecutivo y no brindó ni financió servicios adecuados para las víctimas. La coalición contra la trata de personas presidida por el Gobierno y las mesas departamentales fueron en gran medida ineficaces a lo largo del año y aspectos clave de la ley contra la trata de personas–tales como un fondo contra la trata de personas—no fueron ejecutados por segundo año consecutivo. Los esfuerzos dirigidos al enjuiciamiento, protección y prevención en las dos regiones autónomas del Caribe de Nicaragua siguieron siendo mucho más débiles que en el resto del país. Por esta razón, Nicaragua bajó al Nivel 2 Lista de Observación”.
Aunque el Estado de Nicaragua “no cumple a cabalidad” los lineamientos para erradicar la trata de personas, como lo señala Estados Unidos, hay algunos esfuerzos no gubernamentales que apoyan continuamente a las personas que son víctimas de trata. Uno de los centros que da atención integral en Nicaragua a las víctimas de trata de personas es Casa Alianza. Durante sus veinte años de trabajo en Nicaragua, ha sentado una posición firme en apoyo a la niñez y la adolescencia.
Según la directora de esta organización, Raquel González, el principal trabajo que realizan es, en primera instancia, visibilizar el problema para que tengan herramientas para protegerse. La directora de Casa Alianza detalló que cuando reciben en el albergue a una víctima de trata de personas lo principal es cubrir sus necesidades de salud, vestimenta, aseo personal, hogar y alimentación. Una vez cubiertas las necesidades básicas para que se sientan como en casa, empiezan todo el trabajo terapéutico y legal.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_images_carousel images=”3544,3545,3546,3554,3548″ img_size=”large” title=”Seguimiento integral de los Centros de ayuda a víctimas de trata de personas”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]En el caso del trabajo terapéutico, las víctimas de trata de personas inician sesiones con psicólogos que las ayudan a reconocerse como víctimas, puesto que en la mayoría de los casos se sienten culpables. Después del largo proceso de reconocimiento, los especialistas empiezan a trabajar con las secuelas, la separación de su núcleo familiar o abusos.
Si la víctima logra contactarse con sus familiares el Centro también les da brinda la atención psicológica necesaria. Según González las víctimas de trata, por lo general, llegan con ansiedad y estrés postraumático, lo cual combaten con tratamiento psicológico, psiquiátrico y con terapias naturales.

Estas últimas consisten, según la psicóloga Nayra Morales, en terapia floral que implica la receta de gotas de extractos de flores distintas que contienen propiedades relajantes que ayudan a disminuir la ansiedad y el miedo en dependencia de cada problema.
La psicóloga, con más de ocho años de experiencia, asegura que trabajar los traumas de personas víctimas de trata es un proceso muy largo. Los traumas más frecuentes son los trastornos depresivos, de ansiedad y el pánico. Casa Alianza, según Morales, procura dejar el uso de los fármacos únicamente para traumas agudos.
Las terapias que más usan son la floral y reiki, las cuales consisten en controlar los ataques que les puedan dar durante todo el proceso a las víctimas. “La terapia floral es una especie de remedio que se hace a base de flores, entonces, cada flor trabaja un tema particular, unas, por ejemplo, trabajan la ansiedad, la depresión, la autoestima, la culpa, el miedo, la desconfianza, la inseguridad. Son gotitas y cuando se dan esas crisis se les da para que se controlen. Hay una gota que se llama el rescate y como es natural no tiene efectos secundarios. Solo deben ser recetadas por las personas que manejan la terapia. En el caso de Reiki es una técnica que ayuda a canalizar las energías. Es como un masaje, pero no ejecutas movimientos, sino que se toca y de esa manera se canaliza”, explicó Morales.

La especialista resaltó que la mayoría de las víctimas de trata de personas que ha atendido, en su mayoría, son mujeres. Esto concuerda con el informe 2016 emitido por la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) en el que destaca que las mujeres comprenden el 71 % de las víctimas y que el 28 % son niños y niñas.
Paralelo al seguimiento psicológico, las víctimas llevan un proceso legal junto a un abogado que funciona como su defensor durante el proceso. El abogado H.M.A.G especificó que en su experiencia ha podido constatar que las medidas de protección de la imagen de la víctima y la seguridad se prioriza, pues se acata lo que dice la Ley 896 sobre el adelanto de pruebas para no revictimizar. Además, los defensores y víctimas cuentan con el acompañamiento policial cuando se dirigen a cada audiencia.
Ese tipo de avances son significativos, pero hay mucho qué trabajar, puesto que se desconoce del fondo que se supone debería destinar el Estado de Nicaragua del Presupuesto General de la República como lo establece el artículo 18 de la Ley 896: “Créese el Fondo para la prevención, atención, protección a víctimas del delito de trata de personas, así como la investigación, persecución y sanción”.
Según la directora de Casa Alianza, ellos sí atienden casos que les lleva la Policía Nacional, pero no reciben ayuda económica del Estado para sostenerse. Actualmente, el centro de ayuda a las víctimas de trata de personas se se mantiene gracias a la organización latinoamericana Covenant House, a la que pertenece el centro de ayuda local.
─Pertenecemos a Covenant House, entonces ellos nos dan una parte del presupuesto y todo el resto tenemos un equipo que se encarga de buscar proyectos, buscar financiamientos, ya sea a organizaciones extranjeras o empresas privadas nacionales, normalmente, con ellos es en especies. El Gobierno nos da nuestro aval para trabajar, pero dinero no nos da, sí nos mandan casos, nos remiten casos que ellos consideran que necesitan este tipo de atención y eso es todo─ especificó González.
Pese a esa falta de respaldo económico a las organizaciones no gubernamentales que aportan a la prevención y rehabilitación de las víctimas, estas organizaciones realizan labores destacadas en la recuperación de las mujeres y hombres, ya que además del tratamiento psicológico y legal les dan capacitaciones técnicas, vocacionales, prácticas profesionales para que cuando salgan de los centros tengan todas las herramientas para reinsertarse a la sociedad.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]