[vc_row][vc_column][vc_column_text]Esta mañana, un grupo de afectados por la enfermedad Insuficiencia Renal Crónica (IRC) se presentaron en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) para reclamar una indemnización de más de 9 millones de dólares a la empresa Nicaragua Sugar State Limited, que opera el Ingenio San Antonio, en Chichigalpa, propiedad del Grupo Pellas, por daños físicos, psicológicos y morales.
El grupo de excañeros está conformado por 181 miembros, los cuales trabajaron hasta por 25 años en el ingenio San Antonio, hoy la mayoría se encuentran enfermos y solo reciben una pensión de invalidez que no llega a los 5 mil córdobas.
«Si yo me muero mañana, ¿mi viuda cómo queda?»
La asociación de enfermos de insuficiencia renal crónica Nueva Esperanza, tiene más de 10 años de estar demandando una indemnización al Ingenio San Antonio para poder sobrellevar la enfermedad que los aqueja. Esta asociación está encabezada por Luis Nicoya Juárez, quien laboró en el ingenio San Antonio desde 1983 hasta el 2000, año en el que le diagnostico la IRC.
Según Luis Nicoya, hasta 2016, en la asociación Nueva Esperanza habían 731 extrabajadores del Ingenio San Antonio, pero fueron divididos por «políticos departamentales y municipales (del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional), utilizaron a un grupo que lo anda dirigiendo Luis Torrez, pero este no es enfermo de IRC, solo está aliándose con los políticos».
Nicoya, asegura que esta división fue porque dirigentes políticos del Frente Sandinista, querían tomar control de la asociación para llegar a una negociación con el ingenio para que las protestas de los cañeros se terminaran en Chinandega.
«Nosotros nos reunimos con el político José Manuel Espinoza “Chemaya”, y me decía que sacáramos a todos los beneficiarios, a todas las viudas, y yo le dije que no podía prestarme a ese juego porque si me moría yo, mañana ¿mi viuda como quedaba? En el aire, hay mujeres que son padre y madre que están trabajando en el ingenio y están saliendo contaminadas también».
El tratamiento cuesta hasta 50 mil dólares al año
Según los miembros de la asociación Nueva Esperanza, el precio del tratamiento para su enfermedad ronda los 50 mil dólares y por tal razón es que están exigiendo más de 9 millones de dólares para poder pagar sus gastos médicos. Muchos reciben una pensión reducida y logran ir hasta Managua para realizarse hemodiálisis, mientras que la mayoría no puede costear este tratamiento.
María de la Concepción Juárez, de 50 años, es habitante de Chichigalpa. Cuenta que anoche (27 de febrero) fue a prestar dinero para poder venir a Managua en representación de su esposo, Ramiro José Romero Ponce, quien se encuentra muy débil para viajar. Fue diagnosticado con IRC en el 2010.
«Él está delgado, bien enfermo y a veces renquea de un pie, padece de la presión, y a veces no le da hambre o le agarra vómito».
Lucia Acevedo, de 62 años, es viuda. Su esposo Cesar Antonio Calero murió hace un par de años. Tiene a su hijo mayo, Luis Manuel Calero, de 35 años, enfermo de IRC. Según Lucía, poco a poco, los extrabajadores del Ingenio San Antonio han ido muriendo. Ahora ya solo le queda seguir exigiendo una indemnización para tratar de salvar a su hijo, que desde el año pasado que fue diagnosticado con la enfermedad no tiene trabajo.
«Tenemos un carretón de caballos y lo alquilamos para acarrear leña, yo vendo gaseosas en un carrito de hot dog, cuando andamos en las protestas me lo llevo para vender algo y no perder».
«Tenemos una bomba de tiempo en nuestros cuerpos»
José Noel García, tiene 39 años. Comenzó a trabajar en el Ingenio San Antonio desde 1993 hasta el 2010, año en el que le diagnosticaron IRC. Trabajó sembrando y cortando caña, y regando abono (pesticidas).
«La enfermedad no avisa cuánto tiempo vamos a vivir, yo he visto compañeros que andaban caminando y se miraban sanos, pero en poco tiempo agravan y tienden a morir. Por eso es que nosotros mientras estamos vivo y andamos con diferentes anomalías o síntomas que tenemos, estamos tratando de buscar, ya no una solución de nuestras vidas, sino una muerte digna».
En enero de 2014 durante una marcha de los obreros del ingenio San Antonio en Chichigalpa, la Policía Nacional reprimió brutalmente a los enfermos de IRC y disparó a Juan de Dios Cortés, de 48 años, quien murió en el lugar.
En 2015 Luis Nicoya, fue detenido por la Policía Nacional, acusado junto a 15 miembros de la asociación Nueva Esperanza por robo agravado, fabricación y uso de armas de fuego y tenencia de artefactos explosivos. La denuncia fue interpuesta por la exvicealcaldesa de Chichigalpa, Nora Argentina Chávez Somarriba, esto después de una serie de protestas que realizaron los enfermos de IRC.
«Nicoya fue encontrado no culpable de todos esos delitos, y este extrabajador de la caña, enfermo de IRC, asegura que van a seguir luchando hasta que tengan fuerzas, ya que son conscientes de que en cualquier momento pueden morir, producto de su enfermedad. Nosotros tenemos una bomba de tiempo en nuestros cuerpos».
En enero de 2015 fue publicado un estudio de la Universidad de Atlanta, en donde se revelaba que la zona del estero Limón y el agua que consume la población de Chichigalpa y comunidades cercanas está contaminada con arsénico, amonio, mercurio, plomo, y otros metales pesados y químicos, que pueden durar hasta 50 años en el manto acuífero de la zona. También se encontraron rastros de hasta 7 tipos de pesticidas. Hasta el 2009 según datos de la Organización Mundial de la Salud, la Insuficiencia Renal Crónica mató a más de 3.500 personas en Nicaragua.
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