[vc_row][vc_column][vc_column_text]La prohibición del aborto terapéutico ha resultado mortal para las mujeres en Nicaragua. En la última década el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo han instaurado una administración de corte conservadora y clerical, que inició con la penalización de cualquier forma de interrupción del embarazo, incluyendo, por razones de violación o enfermedades terminales.
Esa imposición que se materializó en el 2006 con la reforma al Código Penal representa un retroceso en materia legal sobre el aborto y, más aun, en materia de derechos humanos de las mujeres; así se dejó claro en el Foro de Avances y Desafíos Regionales para la Despenalización del Aborto Terapéutico, que otorgó calificación roja al Estado de Nicaragua.
Antes de las reformas, el Código Penal admitía el aborto, desde 1837, siempre y cuando se cumpliera con las siguientes condiciones: complicaciones obstétricas que afecten la vida de la mujer, enfermedades sistémicas preexistentes que agraven el embarazo, anomalías congénitas incompatibles con la vida y embarazos producto de una violación.
El doctor Jaime Espinoza, durante su intervención en el Foro, indicó que en Nicaragua lo que hay es un retroceso legal por las reformas efectuadas al Código Penal en 2006 por el Gobierno. El único avance que Espinoza resaltó fue la introducción en la Asamblea Nacional de la iniciativa de ley por la despenalización del aborto, presentada el 6 de octubre de 2015, la cual se nombró como Ley Especial para la Interrupción del Embarazo por Causas de Salud respaldada por más de seis mil firmas.
Para el médico, “estamos en un tiempo en el que el proceso democrático no existe en absoluto y, al no existir estos procesos, nunca se aprobará o discutirá la Ley mientras no cambien los puntos de vista de los que toman las decisiones”. Según Espinoza “no se trata de presentar o no un documento jurídico” sino de esperar que haya cambios en la Asamblea y las instituciones para que “permitan avanzar (legalmente) un poco más”.
Angélica Rivas Monge, representante de la Agrupación Ciudadanas por la Despenalización del Aborto de El Salvador, consideró que no se trata de estatutos de partidos políticos de derecha o izquierda, pues en su país la voluntad política pudo más que los preceptos de los partidos de derecha, ya que ahora han avanzado más con la ayuda de esas organizaciones para mejorar las diferencias sociales y de género que conlleva la penalización del aborto.
Sin embargo, Espinoza le aclaró que en el caso de Nicaragua el Gobierno del Frente Sandinista pese a ser de “izquierda”, usa a “su conveniencia disposiciones liberales que se ven mejor a nivel internacional”, por lo que para el doctor lo que se requiere es un cambio de actitud de los que toman las decisiones.
De igual manera, aseguró que en Nicaragua “seguiremos impulsando la ley porque creemos que la presión popular (…) podrá modificar el chip, ya que aquí se está jugando mucho con que hago lo que la mayor parte de la gente quiere hacer”, puntualizó que en el país, según sondeos de opinión, cerca del 67 por ciento de los nicaragüenses aprueba este tipo de leyes, obviamente, con variantes sobre las situaciones en las que se practicaría el aborto.
Espinoza, señaló que la participación social en movilizaciones y la presión hacia las autoridades es la única forma de hacer que el Gobierno tome algún tipo de decisiones. Explicó que “sin voluntad política esta Ley (que propone la despenalización del aborto) no va a pasar, porque no depende de arreglos parlamentarios o de acuerdos entre partidos sino de las decisiones de la homogenización política que hay en Nicaragua”.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
