[vc_row][vc_column][vc_column_text]Representantes del Movimiento de Mujeres de Chinandega y del Colectivo de Mujeres de Masaya señalaron que las arbitrariedades cometidas por agentes del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) son solo disposiciones del Gobierno de Ortega porque al retenerlas, les explicaron, que eran «órdenes de arriba giradas a nivel nacional».
Los movimientos se trasladaban, el 25 de noviembre, desde sus municipios hacia a Managua para participar de una marcha pacífica, en conmemoración al Día Internacional de la No Violencia hacia las Mujeres. La manifestación, en la capital, también fue reprimida. La Policía Nacional se tomó la avenida de Metrocentro para impedir el avance de la marcha hasta Plaza El Sol.
Tania Quintana, representante del Movimiento de Mujeres de Chinandega, afirmó que las acciones de represión de la Policía y del MTI solo dejaron en evidencia que el «principal agresor de los derechos de las mujeres es el Gobierno de Nicaragua».
La dirigente de Chinandega narró que fue una situación incómoda la que vivieron, cuando agentes del MTI retuvieron los buses en los que se trasladaban, ya que las hicieron bajarse como que fueran delincuentes, pese a que el conductor les entregó todos los papeles legales del vehículo. Los trabajadores del MTI les indicaron que no contaban con el permiso para trasladarse a la marcha de Managua. Sin embargo, reclamaron que las miembros de ese mismo movimiento que lograron llegar hasta Chichigalpa presentaron ese permiso y tampoco se les dejó movilizarse.
“La represión no nos va a detener”
Magaly Quintana, de la organización Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), declaró que «esta represión no nos va a detener. Vamos a seguir luchando, particularmente, por exigir que se entreguen los cuerpos de las seis personas asesinadas en la masacre (de La Cruz de Río Grande) para que puedan ser enterrados por sus familiares».
Quintana reiteró que lucharán por «frenar la barbarie que estamos viviendo las mujeres (en Nicaragua)». A su vez, detalló que este país está cerrando noviembre con cifras alarmantes que dejan 49 femicidios y cinco asesinatos, además; de 71 femicidios en grados de frustración.
«La sangre que fue derramada en el campo no quedará impune», aseguró Quinta, por lo que llamó a la sociedad nicaragüense a unirse en apoyo a los familiares afectados para demandar que en Nicaragua se haga justicia. Según la lideresa, «estos crímenes (la matanza en La Cruz del Río Grande) vuelven a sangrar la tierra campesina. (Los ciudadanos) no pueden permitir que vuelva una guerra civil». Para la activista, es «el Gobierno de Daniel Ortega (el que) está haciendo todo lo posible para que vuelvan esos tiempos (de guerra)».
Atropello a sus derechos
Para Kenia Sandino, del Colectivo de Mujeres de Masaya, las represiones sufridas el sábado 25 de noviembre representan un atropello al derecho a la libre movilización de los nicaragüenses. Describió que, a una cuadra de las instalaciones del Colectivo, un retén de más de diez agentes de la Policía, las detuvieron y les solicitaron la autorización para trasladarse a la marcha. Según los agentes no podían permitir el desplazamiento de los buses, que trasladaban a más de 120 mujeres hacia Managua.
Los agentes del MTI de Masaya se llevaron los buses a sus instalaciones, por lo que el grupo de mujeres decidió apoyar a los conductores con un plantón de dos horas frente al recinto policial, exigiendo que se liberaran los buses y que les dieran explicaciones. Las ciudadanas, al no recibir respuestas, se trasladaron a denunciar en las calles del municipio las acciones represivas del Gobierno.
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