CIDH: Los Ortega-Murillo «tienen instalado un régimen de supresión de todas las libertades»
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló que la centralización del poder por el Ejecutivo en Nicaragua ha facilitado que el país se transforme en un Estado policial.
El organismo presentó su más reciente informe titulado: «Concentración del Poder y Debilitamiento del Estado de Derecho en Nicaragua», en el cual señala que Daniel Ortega y Rosario Murillo «tienen instalado un régimen de supresión de todas las libertades, mediante el control y vigilancia de la ciudadanía y la represión ejercida desde las instituciones de seguridad estatales y paraestatales avalado por los demás poderes; en concertación con las instituciones de control».
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La entidad constató la intensificación de la represión en Nicaragua «a través de la detención arbitraria y criminalización de más de 30 personas bajo cargos infundados y sin las debidas garantías judiciales, incluyendo siete personas precandidatas a la Presidencia, las cuales permanecen privadas de libertad, algunas de las cuales cuentan con medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)».
Además, «se observó la cancelación de personalidades jurídicas de tres partidos políticos y el continuo hostigamiento a las organizaciones civiles y de derechos humanos mediante el continuo cierre del espacio democrático y de la prensa independiente».
La CIDH en el informe presentado este jueves, 28 de octubre, aseguró que con estas acciones la pareja de dictadores busca perpetuarse en el poder mediante la realización de elecciones que «no dan las garantías mínimas de libertad, acceso a la información, transparencia y pluralidad, en un contexto de cierre de todos los espacios democráticos y de impunidad estructural».
Ortega se perpetuará en el poder
La publicación resaltó que la concentración de poder y el debilitamiento del Estado de Derecho en el país se ha venido gestando desde el pacto de «Arnoldo Alemán-Ortega» de 1999, porque con esta negociación se «instauró un sistema bipartidista con el objeto de facilitar la cooptación de los más altos cargos de la administración pública, y que a la fecha continúa vigente».
La situación que prevalece en Nicaragua se debe también a la falta de órganos de control independientes e imparciales. Además, «se realizaron una serie de reformas en materia electoral, sucesivas hasta el 2021, las cuales, en conjunto, incorporaron reglas que restringen la competencia electoral y el ejercicio de los derechos políticos», reiteró la Comisión.
Agregó que «pese a existir una prohibición constitucional sobre la reelección, en 2010 el Pleno de la Corte Suprema permitió que el presidente Daniel Ortega se presentara como candidato a la Presidencia en las elecciones de noviembre de 2011. Posteriormente, mediante una reforma constitucional, la Asamblea Nacional habilitó la reelección presidencial indefinida».
Para la CIDH, el Poder Judicial de Nicaragua carece de «independencia e imparcialidad, debido, entre otros factores, a su conformación bipartidista y reformas legales que desde 2010 permitieron procesos de designación y permanencia contrarios al principio de independencia judicial».
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La concentración del poder en el país «no habría sido posible sin el control de los organismos e instituciones encargadas de la seguridad del Estado, como la Policía Nacional, el Ejército y la creación de aparatos de control y vigilancia de la ciudadanía como los Consejos de Poder Ciudadano (CPC)», remarcó el organismo internacional.
La Comisión en su informe planteó que las medidas arbitrarias adoptadas por el Poder Ejecutivo y en particular las ejecutadas el presente año «dan cuenta que el proceso electoral de las próximas semanas no cumple con los estándares interamericanos para garantizar elecciones libres, justas, transparentes y pluralistas».
Subrayan que el gran desafío que enfrenta hoy Nicaragua «es el reestablecimiento de las garantías y libertades fundamentales de un Estado democrático de derecho que permitan retomar la democracia representativa y participativa y la separación efectiva de los poderes».
El régimen de Ortega-Murillo desde mayo 2021 ha intensificado la represión y hostigamiento hacia los opositores. La escalada represiva ha dejado a 39 líderes políticos, estudiantiles, banqueros, empresarios, periodistas, defensores de derechos humanos, entres otros, que permanecen privados de libertad junto a más de 130 reos políticos, quienes abiertamente demandaron justicia, democracia y libertad para Nicaragua.
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