La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó los arrestos arbitrarios perpetrados por la Policía orteguista contra Michael Healy, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), y Álvaro Vargas, vicepresidente de ese gremio. El organismo le recordó al Estado de Nicaragua que ambos empresarios son beneficiarios de medidas cautelares.
En una publicación en su cuenta de Twitter, la CIDH demandó a la administración de turno «cesar las detenciones arbitrarias, liberar de inmediato a las personas detenidas y restablecer las garantías para el pleno goce de derechos civiles y políticos de las y los nicaragüenses de cara a las elecciones del siete de noviembre».
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Agregó que «las detenciones de Michael (Healy) y Álvaro (Vargas) se llevaron a cabo el 21 de octubre, según informe policial, en aplicación de la Ley 1055 de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz».
El empresario y opositor Michael Healy fue interceptado por la Policía subordinada a la dictadura de Ortega-Murillo mientras se trasladaba a su domicilio, luego de presentarse en las instalaciones del Ministerio Público para una «entrevista».
Mientras que el presidente de Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic), Álvaro Vargas, fue detenido en su casa. El dirigente gremial había recibido un citatorio para comparecer ante la Fiscalía de Nicaragua, pero ni lo dejaron llegar.
El 21 de octubre, el Ministerio Público, controlado por el oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), en tiempo récord, realizó las supuestas audiencias de garantías constitucionales para intentar justificar las detenciones arbitrarias a los dos principales directivos del Cosep. La institución judicial amplió a 90 días el plazo de investigación para los empresarios usando sus «audiencias secretas».
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A los nuevos presos políticos los «investigarán» por los supuestos delitos de lavado de dinero, bienes y activos; y «conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional» por supuestamente violar la Ley 1055, Ley de Soberanía. Tras los hechos recientes, la lista de presos políticos electorales asciende a 39.
En reiteradas ocasiones, la CIDH ha exigido a la dictadura de Ortega-Murillo que cumpla con los estándares establecidos internacionalmente y que libere inmediatamente a los más de 150 presos políticos que se encuentran tras las rejas.