En el informe anual de 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó que “ha seguido con especial atención el progresivo deterioro de la crisis de derechos humanos en Nicaragua en el contexto de la represión violenta a las protestas sociales iniciadas el 18 de abril de 2018 así como el debilitamiento del Estado de Derecho”.
Una medida cautelar es un mecanismo de protección donde se solicita a un Estado que proteja a una o más personas que estén en una situación grave y urgente de sufrir un daño irreparable. Cualquier persona u organización puede presentar una solicitud de medida cautelar a favor de una persona o de un grupo de personas, que se encuentren en una situación de riesgo.
El mecanismo de medidas cautelares se encuentra previsto en el artículo 25 del Reglamento de la CIDH, y establece que: en situaciones graves y urgentes de sufrir daños irreparables la Comisión podrá, a iniciativa propia o a solicitud de parte, “solicitar que un Estado adopte medidas cautelares”.
En Centroamérica, Nicaragua es el país que ha recibido más solicitudes de implementación de medidas cautelares por parte de la CIDH. En los años analizados 2015 al 2021 observamos que el total es de 92 medidas; en comparación al resto de países centroamericanos que han recibido menos cantidad de medidas, 20 (Guatemala), 3 (Panamá), 8 (El Salvador); 28 (Honduras) y 0 (Costa Rica).
El incremento del número de solicitudes de medidas cautelares presentadas al Estado de Nicaragua es un reflejo que la situación de vulneración de derechos humanos ha empeorado.
Nicaragua, el país de Centroamérica que más solicita medidas cautelares ante la CIDH. Fuente y gráfico: Martha Patricia Molina
En el año 2015 el país recibió 1 (una) medida cautelar, a diferencia del año 2018 donde se impusieron 34 medidas cautelares. Sin embargo, la administración pública Ortega Murillo hace caso omiso a las solicitudes y en respuesta incrementa la represión y tortura hacia las personas que han recibido las medidas.
La CIDH destacó en su informe 2020 que “ha valorado la información recibida sobre el incumplimiento de las medidas de protección otorgadas por los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y, en general, respecto la falta de implementación de medidas frente al contexto de riesgo que ha llevado al otorgamiento de las mismas en el marco de la crisis de derechos humanos en el país”.
Max Jerez, Jaime Arellano y Mauricio Díaz «se encuentran en situación de gravedad» asegura CIDH. Foto: Artículo 66
En el informe 2020, la CIDH formuló 44 recomendaciones al Estado de Nicaragua; la mayoría de ellas corresponden a las mismas que se enunciaron en los informes anuales de los años 2018 y 2019 y que siguen pendientes de cumplir, lo que demuestra que Nicaragua no está atendiendo al llamado urgente que hace la CIDH para que el país respete los derechos humanos de sus ciudadanos.
El 26 de febrero de 2010, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de una persona que la CIDH identificó como Amelia y dentro del plazo de cinco días otorgado para responder, el Estado de Nicaragua informó a la CIDH que había iniciado el tratamiento requerido. Sin embargo, en los últimos años el país se ha hecho notar por el silencio e incumplimiento.
Martha Patricia Molina Montenegro, abogada y notario ([email protected])
