El organismo defensor de los derechos humanos Amnistía Internacional (AI) catalogó las últimas detenciones por razones políticas ejecutadas por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra dirigentes y activistas opositores como «desapariciones forzosas», las que según denunció, son un crimen de derecho internacional y una de las más graves violaciones a los derechos humanos.
Los señalamientos del organismo defensor se derivan de un informe que resultó luego de una investigación sobre 10 de los más de 30 casos de detenciones arbitrarias ejecutadas por la Policía al servicio de la dictadura, las que fueron validadas por el Ministerio Público (MP) y el Poder Judicial, ambas instituciones bajo total control de los dictadores Ortega y Murillo.
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«En Nicaragua, la desaparición forzada de personas se suma a una serie de tácticas que las autoridades han implementado para silenciar cualquier crítica o voz opositora», indica el estudio de AI denominado «¿Dónde están? Desaparición forzada como estrategia de represión en Nicaragua» que documentó 10 casos de personas detenidas por su activismo o por ejercer su derecho a la libertad de expresión.
El estudio se centra en los casos de Daysi Tamara Dávila, Miguel Mendoza, José Pallais, Suyen Barahona, Víctor Hugo Tinoco, Félix Maradiaga, Ana Margarita Vijil, Violeta Granera, Jorge Hugo Torres y Dora María Téllez, aunque no deja de advertir que en iguales condiciones se encuentran más de 30 opositores.
«Luego de analizar los casos de 10, Amnistía Internacional concluyó que sus detenciones, seguidas de la ocultación de su paradero, constituye el crimen de desaparición forzada, a la luz de obligaciones internacionales que tiene el Estado nicaragüense en materia de derechos humanos», sentencia AI.
Por su parte, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Al, criticó que «el gobierno de Daniel Ortega implementa esa nueva estrategia para intentar acallar a quienes alzan la voz. Al desaparecer a opositores, activistas y periodistas, Ortega muestra el temor que le tiene a la crítica y a la denuncia».
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El informe resalta que 10 casos documentados son una muestra de un nuevo patrón de detenciones que van seguidas de desapariciones forzadas, y guardan enormes similitudes con los casos de otras decenas de personas que podrían estar en la misma situación. «Exigimos al gobierno de Daniel Ortega que libere inmediatamente a todas las personas detenidas solo por ejercer sus derechos», dice la organización internacional.
Asimismo, AI señala que, aunque el informe se centra en casos ocurridos en los últimos meses, en realidad la crisis de derechos humanos en Nicaragua inició en abril de 2018 y desde entonces no han cesado los reportes sobre actos de hostigamiento contra las personas identificadas como opositoras al gobierno, defensoras de derechos humanos, periodistas, víctimas y sus familias.
La dictadura Ortegaa-Murillo desató una cacería contra opositores a partir de mayo, cuando inició con la acusación de lavado de dinero contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH) y su exdirectora Cristiana Chamorro, también precandidata presidencial, y contra la Fundación para el Desarrollo Económico y Social (Funides).
Tras estas arremetidas, continuó el secuestró más de 30 personas, entre ellas siete precandidatos presidenciales, dirigentes y activistas políticos, extrabajadores de las ONG acusadas, empresarios y un periodista.
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«En todos los casos documentados, hasta el 2 de agosto (fecha de cierre de la investigación), las autoridades no habían revelado de forma oficial la ubicación exacta de las personas detenidas –lo cual es una exigencia del derecho internacional. En la mayoría de los casos, la única información recibida sobre su posible ubicación ha sido brindada debido a la insistencia de los familiares, de manera verbal y por agentes policiales que se encuentran en la portería de la Dirección de Auxilio Judicial Complejo Policial Evaristo Vásquez (DAJ), conocida como el “Nuevo Chipote”. Sin embargo, meros dichos de agentes policiales, no son prueba suficiente, oficial y creíble sobre el paradero y las condiciones de las personas detenidas», denuncias los defensores de derechos humanos.
«La desaparición forzada es un crimen de derecho internacional y una de las más graves violaciones a los derechos humanos debido a que implica la violación de un conjunto de derechos humanos. Se define como una privación legal o ilegal de la libertad de una persona cometida por agentes estatales, o por otros actores que cuentan con la aquiescencia o tolerancia del Estado, sin reconocer posteriormente que la detención tuvo lugar, o, si se la reconoce, se niega información sobre la suerte o paradero de la persona privada de libertad», concluye el estudio de Amnistía Internacional.