El observatorio ciudadano Urnas Abiertas llamó a la comunidad internacional a desconocer los resultados de las elecciones de 2021 en Nicaragua, argumentando que el Gobierno de Daniel Ortega no cuenta con legitimidad de origen ni es adecuado para continuar ejerciendo el poder político en el país. Señalan que el régimen «no tiene voluntad política» para dar verdaderas garantías para celebrar unos comicios democráticos.
En un documento elaborado por ese equipo emitido el, 24 de agosto de 2021, denuncian las acusaciones en contra de Cristiana Chamorro quien se encuentra en arresto domiciliario desde el dos de junio, al igual que las detenciones arbitrarias a extrabajadores de la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH).
Chamorro se encuentra acusada de «gestión abusiva, falsedad ideológica en concurso real con el delito de lavado de dinero, bienes y activos, en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense». La acusación actual implica prisión preventiva.
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Urnas Abiertas también expone y rechaza las acciones en contra del periodista Carlos Fernando Chamorro, a quien en dos ocasiones ha ordenado allanarle sus oficinas y una de ellas fue confiscada. El director de Confidencial actualmente se encuentra en el exilio y la Fiscalía giró una orden de detención en su contra.
El hermano del periodista y de la precandidata presidencial, Pedro Joaquín Chamorro Barrios, también se encuentra secuestrado, se presume que se encuentra en la Dirección de Auxilio Judicial aunque ni su familia ni su defensa ha podido verlo.
Las acusaciones presentadas contra los hermanos Chamorro Barrios incluyen los delitos de «apropiación y retención indebida; lavado de dinero, bienes y activos; gestión abusiva; falsedad ideológica y cooperación necesaria del delito de lavado de dinero, bienes y activos».
El organismo asegura que esos señalamientos son «una prueba de la persecución judicial, guerra jurídica o lawfare que ha sido utilizada como estrategia represiva desde mayo (el régimen de Ortega) con el objetivo de eliminar toda competencia electoral, utilizando el Poder Judicial con fines extrajudiciales a favor de los intereses del Ejecutivo».
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Destacan que los constantes llamados de la comunidad internacional a la restitución de las libertades fundamentales y garantizar elecciones libres no han tenido respuestas, lo que evidencia la falta de voluntad política para hacerlo, por tanto «no se puede continuar esperando y dando más tiempo a un proceso que carece de todo tipo de garantías, por ende de total legitimidad. Es urgente que se tomen todas las medidas disponibles para desconocer el proceso ilegítimo que quiere imponer el régimen en Nicaragua», aseguran.
Ante esto, solicitan el desconocimiento total de las próximas elecciones por parte de la comunidad internacional por la falta de garantías en un proceso electoral justo, creíble, legítimo, transparente y observado, y las constantes violaciones a los derechos humanos en el país. A la fecha, hay cerca de 150 presos políticos.