CIDH condena cancelación de personerías jurídicas a seis ONG extranjeras

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca) condenaron la cancelación de la personalidad jurídica de seis Organizaciones No Gubernamentales (ONG) estadounidenses y europeas. El 16 de agosto el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenó al Ministerio de Gobernación (Migob) cancelar los registros y números perpetuos de las ONG, dando por finalizada sus operaciones en Nicaragua.

Las seis ONG extranjeras, canceladas por la dictadura, son: Fundación Oxfam Intermón, de España; Oxfam Ibis, de Dinamarca y Diakonia, de Suecia; International Republican Institute (IRI), National Democratic Institute for International Affairs (NDI) y Helping Handh The Warren Williams Pagel Foundation, de Estados Unidos.

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Las organizaciones tenían diferentes funcionamientos en referencia a sus políticas. Algunas trabajaban en el apoyo y fortalecimiento de las instituciones democráticas, a través de la participación ciudadana, apertura y rendición de cuentas en el Gobierno; otras apoyaban el desarrollo internacional de dos iglesias suecas con fines humanitarios y apoyo social; una ayudaba a mujeres y jóvenes a ser escuchados, desarrollar conciencia, de las prioridades de los votantes; también centraban sus esfuerzos en el empoderamiento femenino desde las distintas zonas del país.

El organismo regional urgió a la dictadura Ortega-Murillo a «dejar sin efecto» la cancelación de la personería jurídica de las organizaciones afectadas y permitir que «sigan desarrollando sus tareas humanitarias» y de atención de necesidades de las poblaciones con mayores necesidades en las zonas del país donde operan.

«CIDH y REDESCA condenan la cancelación el 16 de agosto de la personería jurídica de 6 organizaciones de la sociedad civil dedicadas a proyectos de ayuda humanitaria, promoción de DDHH, superación de la pobreza, entre otros. CIDH y REDESCA expresan preocupación por las consecuencias del cierre de estas organizaciones para la población nicaragüense debido a su labor para la reducción de las brechas sociales que impactan el goce y disfrute de DESCA incluyendo el derecho a la salud y educación», publicó la CIDH en su cuenta de Twitter.

El Migob explica que las seis ONG «han incumplido sus obligaciones» al «no reportar estados financieros conforme periodos fiscales y juntas directivas del país de origen, incumplir con requisitos establecidos para la recepción de donaciones e informar al Migob de las gestiones previas a su recepción, no reportan desgloses detallados de sus estados financieros, falta de convenios que definan claramente fuente de financiamiento y cartera de proyectos, carencia de documentos de identidad de sus proveedores de fondos y no reportaron información de identidad y origen de todos sus donantes».

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Desde diciembre de 2018, la dictadura canceló la personalidad jurídica a nueve ONG nacionales y el 28 de julio pasado a otras 24, entre ellas 15 asociaciones médicas que criticaron el manejo de la pandemia del COVID-19, que ha dejado una estela de muerte y contagio en el país.

Ortega ordenó confiscar los edificios de medios de comunicación y varias ONG. En diciembre de 2020, repartió los bienes al Ministerio de Salud (Minsa) y mandó a instalar casas maternas, centros de rehabilitación, entre otros. Lo que fue criticado por las ONG afectadas, ya que investigaciones posteriores a la «repartición de bienes» reflejan que la mayoría de estos edificios ni siquiera mantienen operaciones.