El régimen de Daniel Ortega echó a andar procesos civiles y penales en contra de comunicadores independientes y opositores en Nicaragua como parte del incremento de la represión, lo que ha provocado el exilio de periodistas y la autocensura de voces críticas, advierte el reciente informe de monitoreo presentado por el diario La Prensa.
El documento sobre monitoreo y seguimiento a casos de violaciones a la Libertad de Prensa, correspondiente a junio 2021, detalla que el mes «estuvo marcado con un incremento significativo de la violencia, agresiones y amenazas judiciales en contra de periodistas que retratan la crisis de derechos humanos que vive el país desde 2018».
Durante ese mes se lograron documentar 44 casos de violaciones a la libertad de prensa contra 41 víctimas, entre ellas, 32 personas naturales y nueve personas jurídicas o medios de comunicación.
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La mayoría de las agresiones (39) fueron perpetradas por agentes estatales, dos fueron sujetos no identificados; otros dos fueron identificados como personas paraestatales y en un caso, el agresor fue un agente no estatal.
Del total de casos, 18 corresponden a procesos civiles y penales; 17 agresiones y ataques; siete, uso abusivo del Estado; una detención arbitraria y un discurso estigmatizante.
Estos 18 comunicadores fueron citados por la Fiscalía para comparecer en calidad de testigos en el «despótico» proceso contra la cerrada Fundación Violeta Barrios de Chamorro, cuyos exdirectivos son señalados de supuesto «lavado de dinero» y/o «traición a la patria».
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En sus interrogatorios, la Fiscalía evidenció que la Ley de Ciberdelitos, aprobada en 2020, busca intimidar a directores de medios, directores de programas y reporteros de todo el país.
Esta persecución ha provocado la ausencia de fuentes informativas para los medios de comunicación y el silencio en las redes sociales y programas de opinión, advierte el informe.
Cita el caso del cronista deportivo Edgar Tijerino quien optó por la autocensura en su programa ante la arremetida del régimen. A su vez, a consecuencia del panorama de inseguridad, amenazas, acoso y represión que enfrentan los periodistas del país, al menos 15 profesionales de la comunicación se han exiliado en distintos países con el objetivo de resguardar su integridad y la de sus familias; mientras a otros se les ha negado la salida del país o se les retiene el pasaporte sin justificación válida.
Alertan que se repite lo acontecido durante 2018 cuando directores de medios, conductores de programas y reporteros de todo el país salieron al exilio en señal de resistencia y que tres años después aún persiste, y en mayor escala.