Ortega continúa repartiendo propiedades a órgano de la Policía sancionada

El mandatario Daniel Ortega autorizó otorgar un bien inmueble de 30,539.85 metros cuadrados al Instituto de Seguridad Social y Desarrollo Humano (ISSDHU), órgano administrador de las pensiones y servicios médicos de los trabajadores del Ministerio de Gobernación y los oficiales de la sancionada Policía Nacional.

Mediante Acuerdo Presidencial Número 157-2020, publicado este viernes, 30 de octubre, en el diario oficial La Gaceta, Ortega autorizó a «la Procuraduría General de la República para que comparezca ante la Notaría del Estado a suscribir escritura pública de donación a favor del ISSDHU, de la propiedad perteneciente al Estado».

El terreno está ubicado en el municipio de Managua, parcela catastral número 5373-7758-0090-22, comprendido dentro de linderos particulares, al norte calle de acceso hacia Colinas del Memorial Sandino.

Esta sería la octava propiedad que el régimen regala a los operadores de la represión, en lo que va del año. Anteriormente, la Presidencia les donó propiedades ubicadas en Chinandega (3), León (1), San Rafael del Sur (1), Boaco (1), Jinotepe, Carazo (1) y ahora Managua (1).

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Expertos han señalado que esta maniobra es para intentar evadir lasa sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos porque tiene varios problemas, en esencia, sus activos, ya que «no puede ser bancarizado, ni transaccionado en el marco del sistema bancario que tenga relaciones con el gobierno norteamericano».

El ISSDHU es un órgano administrador de las pensiones y servicios médicos de los trabajadores del Ministerio de Gobernación y los oficiales de la sancionada Policía Nacional, al mando del comisionado Francisco Díaz, consuegro de la pareja de dictadores y sancionado con la Ley Magnitsky por los Estados Unidos, el 5 de julio de 2018; a quien se le señala de violador de los derechos humanos y de tener vínculos en actos de corrupción.

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El cinco de marzo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a la Policía Nacional por «ser responsable o haber participado directa o indirectamente en graves abusos contra los derechos humanos en Nicaragua -y agrega que- es responsable del uso de municiones letales contra manifestantes pacíficos y de participar en escuadrones de la muerte, así como de llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y secuestros». El 12 de marzo, diputados sandinistas aprobaron una reforma a la Ley del ISSDHU que ordenó adscribir el Instituto a la Presidencia de la República.