Con Ley Mordaza «ya estás sobreadvertido», explican diputados sandinistas

El objetivo de la recién aprobada Ley de Ciberdelitos, conocida como Ley Mordaza, es enviar un mensaje de advertencia a quienes intenten cometer lo que el régimen considera delito, explicó este miércoles, 28 de octubre, la diputada sandinista María Auxiliadora Martínez, presidenta de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos.

La ley, aprobada por diputados sandinistas y algunos aliados, «es una ley de carácter penal, una ley sancionadora, preventiva», tipifica 31 delitos y establece penas de uno a diez años de prisión más multas entre 200 y 600 días multa, explicó la diputada en la revista matutina del medio oficialista, Canal 4.

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Sin embargo, el artículo 48 de la Ley Mordaza establece, de manera inusual, que la ley entrará en vigencia 60 días después de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. En este apartado, el régimen avisa que el castigo legal se haría efectivo posiblemente en periodo electoral de 2021.

Martínez señaló que el objetivo principal queda claro en una «palabrita» que tiene que ver con la «prevención». «Aquí hay un instrumento jurídico que te dice que si vos comenzás a calumniar, a denigrar a cualquier ciudadano o a cualquier institución, entonces tenés una ley que se te va a aplicar», declaró.

«Miraba algunos comentarios, algunos periodistas que decían «Gracias a la aprobación de esta ley, hoy nos sentimos protegidos» y hacían captura de pantalla porque ya esto no me va a pasar porque voy a tener un arma, una ley para denunciar este delito», ejemplificó la diputada al explicar los alcances de la ley orteguista.

«La idea es que al existir una ley que regule ese tipo de delitos, vos te abstengás de cometer ese delito. Ese es el objetivo principal, de prevenir. Si ya sabés que hay una ley que te puede castigar y procedés a cometer los delitos, te sometés a la justica. Ya estás sobreadvertido», acotó la diputada. Incluso, señaló que las «las penas no son tan severas en algunos de los casos». «Creo que nos quedamos cortos, pero con algo hay que comenzar», manifestó sonriente.

En defensa de la ley presentada, consultada, dictaminada y aprobada por sandinistas, la legisladora añadió que «es una buena ley, la más consultada de los últimos días, después de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, con muchos aportes. Es una ley protectora de derecho a la información, derecho a la comunicación, instituciones públicas y privadas, derechos económicos, de la mujer».

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Sobre el rechazo que dicha normativa ha levantado a nivel nacional e internacional, Martínez empezó criticando a los diputados de la oposición quienes declararon que la ley Mordaza limita la libertad de la expresión y controla el uso de las redes sociales. «El diputado que diga aquí se regula la libertad de expresión o que estamos prohibiendo la libertad de expresión, o que nos vamos a meter a regular las redes sociales, no ha leído la ley, o si la leyó no la interpretó. No nos estamos metiendo a ese tema», declaró.

«Nosotros en Nicaragua no tenemos una plataforma de Facebook, las mayorías de las plataformas de las redes sociales no están en Nicaragua. Lo que la ley va a regular son las actuaciones de los individuos que manejan un equipo cibernético no para los fines normales, o fines productivos que debería realizar cualquier ciudadano, sino para fines destructivos», añadió Martínez.

Sin embargo, el diputado sandinista Carlos Emilio López fue más directo al respecto, durante su intervención en el Plenario, el martes 27 de octubre, cuando leyó un documento coincidente con el discurso de la vicemandataria, Rosario Murillo. «Se les acabó el negocio a los mentirosos, a los que son parte de la industria de mentiras por las redes sociales, a los que crean y difunden falsas noticias, creando alarma, temor, zozobra», leyó López, justificando el castigo por supuestas noticias falsas por afectar la estabilidad económica, el orden público, la salud o la seguridad soberana, dejando a discreción de los mismos jueces de la dictadura la definición de esos delitos.

El diputado sandinista no dejó lugar a dudas al referirse específicamente a las personas que denunciaron la represión de la dictadura, durante y después de las protestas sociales de 2018.

«Como cuando dijeron que los tanques del ejército estaban en Managua reprimiendo; como cuando dijeron que una avioneta andaba en Masaya, León, Carazo y otros departamentos rociando veneno; o cuando dijeron que un porta aviones estaba en corinto y que iban a desembarcar los invasores; como cuando dijeron que las elecciones se iban a adelantar; como cuando dijeron que habían miles y miles de contagiados y muertos por el COVID», especificó López, asegurando que según él, toda esa información es falsa.

«Ya no más amenazas por los medios electrónicos, digitales, o cualquier medio moderno de comunicación, ya nunca más odio en las redes sociales con esta Ley, se acabaron las amenazas que te vamos a quemar la casa, que te vamos a prender fuego, etc», señaló el diputado, en referencia al acoso digital que se desató en el 2018. El acoso provocó el exilio de opositores que temieron por su vida y la de sus familias tras las amenazas.

Posteriormente arremetió contra los medios de comunicación con mayor reconocimiento y seguidores (masivos), de los cuales afirmó que esta ley ya no les permitirá que «poseídos por el espíritu de la violencia» se llame con «odio» a cometer «delitos, asesinatos, a quemar vivos a seres humanos, incitando a quemar edificios públicos, alcaldías, delegaciones de policía, mercados, o a propiedades privadas».

Aplicación de la Ley

De manera insólita, dos meses después de la respectiva publicación en La Gaceta, la normativa finalmente sería aplicada. «Será aplicada por los jueces penales, nuestra Policía Nacional que inicia con el área investigativa y el Ministerio Público que tiene la acción penal para poder acusar ante los juzgados», indicó la diputada Martínez.

Los supuestos delitos se pueden denunciar ante la Policía Nacional, el Ministerio Público o de manera directa ante los Juzgados, como «cualquier delito». Explicó que la normativa define que en el caso de los delitos cibernéticos de orden sexual (acoso sexual, pornografía infantil) «van a ser del conocimiento de los jueces de violencia en cada una de las cabeceras departamentales donde existen jueces de violencia. El resto de delitos serán visto de acuerdo a la cuantía por los jueces penales correspondientes, ya sean de distrito o locales».

«Dentro de los tipo de delitos, tenemos cuando te hackean el sistema, te interfieren un programa, sustraen información o deterioran, cuando captas comunicaciones privadas y te interceptan tu teléfono y te comienzan a grabar, y después utilizan esa información para denigrarte, para venderte información, o cuando comercializan tus datos», explicó.

Al respecto, se mostró preocupada al considerar que podrían andar tras los datos de los legisladores. «Yo de broma en broma le decía a un diputado: ¿Qué sabes vos cuántos andan detrás de tus datos, de tu vida personal, sobre todo de los funcionarios públicos o desempeñamos un cargo en el Estado?», cuestionó. Aseguró que durante el proceso de consulta, la institución policial declaró que «la Policía Nacional se ha venido preparando para enfrentar este tipo de delitos y se ha avanzado bastante en el área investigativa con todo lo que tiene que ver la cibernética».

El alcance de la Ley Mordaza también deja una reserva, al establecer la «supletoriedad», la diputada explicó que esto significa que «lo no está previsto en esta ley se podrá complementar con lo establecido en el Código Penal, en el Código Procesal Penal, en la Ley 779, la Ley de Trata de Personas, de Protección de Datos personales, etc»

El Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) tendrá el rol de emitir una normativa para la preservación de datos e informaciones por parte de los proveedores de servicios, en un plazo de tres meses a partir de la entrada en vigencia de la ley. La diputada informó que hay Cámaras de comunicaciones que han solicitado ante la Asamblea Nacional, participar en la elaboración de la misma, la que tendría carácter administrativo y servirá de complemento a la ley.