Dictadura de Ortega violó sexualmente hasta con la punta de los fusiles a hombres y mujeres opositoras

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo marcó la vida de hombres y mujeres, quienes soñando en una Nicaragua democrática vivieron en carne propia los confines violentos de una mente perversa, según testimonios de manifestantes que sufrieron abuso y violencia sexual durante las protestas sociales de 2018.

Las desgarradoras historias de 18 manifestantes fueron expuestas ante el Tribunal de Conciencia de la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, que comprobó los hechos, luego de examinar cuatro peritajes realizados por expertos de distintas nacionalidades.

Los hechos acontecieron en el 2018 cuando «el descontento ciudadano acumulado durante once años se sumó al descontento que generó la respuesta estatal al incendio de la Reserva Indio Maíz y posteriormente las reformas anunciadas y decididas de manera unilateral al sistema de seguridad social. Esta vez el descontento se convirtió en una insurrección y el carácter represivo del Estado se mostró sin máscaras: 63 personas muertas en un periodo de diez días (19 al 29 de abril). El 79% de estos eran jóvenes menores de 35 años y el 17% de ellos eran menores de 20 años. El número de muertes se fueron acumulando en los meses subsecuentes hasta llegar a más de 300».

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En ese contexto, los manifestantes cayeron en las fauces de sus captores: Personas armadas, algunos con armas de guerra como fusiles AK-47, fusiles de francotirador Dragunov, fusiles M-16, o armas de uso civil como escopetas calibre 12, pistolas o revólveres; portando uniformes policiales o ropa camuflada o civil, con pasamontañas o capuchas.

Los torturadores se trataban de oficiales de la Policía, tanto hombres como mujeres; parapolicías, paramilitares, miembros de la Juventud Sandinista, y en algunos casos extranjeros, que secuestraron a sus víctimas,en sus casas o en la calle, sin explicarles los motivos de la detención.

Los tiranos obedecían a una voz de mando, muchos con comportamiento característico de individuos con formación militar. Las víctimas identificaron acentos cubanos y venezolanos.

Una vez detenidas arbitrariamente, fueron trasladadas a puestos o estaciones policiales comunales, a las casas departamentales del Frente Sandinista, a fincas privadas, a la propiedad de miembros de alta jerarquía del partido de gobierno o directamente a la Dirección de Auxilio Judicial, conocido como El Chipote.

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En ese momento comenzó el calvario. Sus verdugos aplicaron distintas torturas físicas como «ejercicios físicos extenuantes, golpes con los puños y patadas, golpes con objetos como macanas antidisturbios, pistolas y culata de fusiles.

Les extraían uñas de pies y/o manos con tenazas o instrumentos corto punzantes; golpeaban sus brazos con culatas de fusiles o «amansa bolos», golpeaban sus costillas, quebraron sus dientes, fracturaron sus quijada y nariz.

A algunos secuestrados les lanzaban orines y excrementos, les prohibieron el agua y los alimentos; y constantemente, los amenazaban con asesinarlos o desaparecerlos, además, de amenazarlos con capturar, secuestrar o asesinar a sus familiares, sobre todo sus hijos menores de edad.

En varios casos, practicaron simulación de asfixia mecánica, ahogamiento simulado, entre otros. Los desnudaron y amenazaron con ser violados. Todas las vejaciones, en algunos casos, ante la presencia de otras víctimas.

La tortura sexual fue brutal. Los operadores de la dictadura los violaron por vía anal y vaginal con objetos como cañones de fusiles, escopetas, pistolas y macanas antidisturbios.

Algunas violaciones fueron múltiples. En algunos casos de tres y más perpetradores; uno de los más impactantes fue el de 15 sujetos violando a una prisionera.

Los martirizadores quemaron sus genitales con ácido, posiblemente ácido de batería. Algunas mujeres fueron obligadas a abortar producto de las violaciones o utilizando suero abortivo.

Las vejaciones fueron perpetradas en Managua, Chinandega, Masaya, Jinotepe, Mateare, Granada, Estelí y la Comarca Reitón, entre el 21 de abril al 25 de agosto de 2018.

Las víctimas aún sufren estrés post traumático. «La violencia ha sido naturalizada e invisibilizada, articulándose con el discurso de odio para dar lugar a actos de extrema crueldad contra quienes participaron en las protestas».

«Los testimonios recogidos y analizados no dejan dudas sobre la práctica de la tortura en Nicaragua en el marco de las protestas que iniciaron en el 2018, ni sobre el uso de la violación sexual como una expresión de tortura que se implementó indiscriminadamente», señala la sentencia del Tribunal de Conciencia.

«Los testimonios de personas valientes dan fe de la gravedad, escala, carácter sistemático y generalizado de la acción estatal. Estos testimonios son sólo una pequeña muestra de eventos delictivos que merecen ser calificados de crímenes de lesa humanidad», alegaron los expertos.