Más de 50 violaciones a la libertad de prensa en Nicaragua en solo tres meses

La Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH) documentó en su último informe trimestral, correspondiente a los meses de abril a junio de 2020, 52 casos de violaciones a la libertad de prensa en Nicaragua, 39 de ellos se cometieron contra periodistas y 13 a medios de comunicación. Las agresiones, asedio y amenazas contra los comunicadores persisten en este periodo documentado.

El organismo detalla que el régimen de Daniel Ortega no solo se ha negado a asumir un rol en la lucha para contener la pandemia, sino que ha obstruido la labor de los comunicadores independientes al mantener centralizada la información oficial a través del Ministerio de Salud (Minsa) y la Policía orteguista, que continúa con el asedio permanente contra los hombres y mujeres de prensa.

«En el trismestre examinado, se aprecia una curva creciente de campañas sistemáticas de insultos  y desprestigio en contra de periodistas y medios de comunicación independientes que desde perfiles falsos en redes sociales, realizan personas que con claridad se identifican como militantes del partido de gobierno», detalla el informe.

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La Fundación reconoce la loable labor de los comunicadores de seguir informando a pesar de la persecución y amenazas recibidas por parte del régimen. Lamenta que hasta la fecha la pandemia ya ha dejado luto en el periodismo con la muerte de al menos cuatro destacados comunicadores, entre ellos, Sergio León y Gustavo Bermúdez.

Los casos

El informe de la Fundación se resaltan 52 casos de comunicadores víctimas de la represión, hostigamiento, amenazas de muerte realizadas por el órgano represor, es decir, la Policía, pero además involucra a agentes parapoliciales, que trabajan bajo la sombra de la impunidad.

Entre los casos relevantes documentados por la Fundación se encuentran los casos el del periodista Aníbal Toruño, director de Radio León, quien el seis de junio denunció haber sido retenido por la Policía orteguista y ocupado su camioneta. Antes, los agentes requisaron el vehículo y le argumentaron que se la llevarían por no portar su extintor y triángulos.

También documentó el asedio policial a la vivienda de los familiares del periodista Gerall Chávez, quien se encuentra exiliado en Costa Rica. Entre el 7 y 13 de junio, agentes de la Policía se apostaron en las afueras de la casa del comunicador ubicada en Carazo. Los oficiales cercaron la calle y no permitieron que los ciudadanos transitaran en esa zona.

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Por otro lado, el informe recoge la persecución legal que emprendió el régimen contra el periodista Sergio León, unas semanas antes que falleciera por COVID-19. El 28 de mayo, la dictadura citó en el Poder Judicial al comunicador para que respondiera una supuesta  denuncia por «injurias y calumnias» a través de su medio de comunicación La Costeñísima, en Bluefields.

En el consolidado sobre la libertad de prensa, la Fundación concluye que en este trismestre se registraron 12 violaciones  al acceso a la información, 16 agresiones y ataques contra periodistas, 13 casos de discurso estigmatizante, un proceso judicial, 8 restricciones a internet a medios de comunicación digitales, un secuestro y un caso de tortura. Las principales víctimas son los hombres.