Orteguismo aplicará nuevas reformas a la Ley de Concertación Tributaria
El diputado orteguista, a quien el dictador Daniel Ortega le ha delegado la presidencia de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, anunció este jueves, 9 de enero de 2020, nuevas reformas a la Ley de Concertación Tributaria para reducir los gastos fiscales.
Porras, sin dar mayores detalles, dijo que el objetivo de dicha reforma es racionalizar las exenciones y exoneraciones. “Reforma a la Ley 822, Ley de Concertación Tributaria. Que permita revisar, racionalizar las exenciones y exoneraciones. Tenemos que revisar, hay que revisar y lo estamos planteando claramente; tiene que haber racionalidad en las exenciones y exoneraciones. Así es, porque nuestro pueblo paga sus impuestos donde quiera que va; aunque dedique su energía y su esfuerzo para sembrar, producir y trabajar en productos de exportaciones a él le clavan sus impuestos, entonces hay que ser racional con las exenciones y exoneraciones”.
Para el catedrático y economista Eduardo Solórzano, el Gobierno de Daniel Ortega va a pasos gigantes porque a un año se proyecta la aplicación de una nueva reforma fiscal, ya que la anterior no tuvo los resultados económicos previstos. “Recordemos que esta es aplicada a ciertos sectores de la economía para promover la inversión, una de ellas es el sector turismo (…) Seguramente ellos tienen previsto un déficit en el Presupuesto General de la República (PGR) porque los ingresos tributarios provienen del pago de los impuestos. Van a ser más sangrados porque no tienen la capacidad de generar inversión extranjera ni inversión privada. Es también un mensaje serio a los empresarios que han estado beneficiados con el régimen de exoneraciones”.
“Jaque mate” contra los empresarios
Solórzano aseguró que esta estrategia del régimen Ortega-Murillo es un “jaque mate” contra los empresarios porque provocaría la posibilidad de que retiren sus inversiones de Nicaragua.
Por su parte, el catedrático y economista Luis Murillo resaltó que la anterior reforma presupuestaria no resolvió el problema y generó más desconfianza al inversionista extranjero.
Recomendó que se revise y se estudie detenidamente la aplicación de la nueva reforma, lo que abarca exoneraciones, exenciones y subsidios, porque esto representaría más de un millón de dólares en ingresos. Sin embargo, también desconfía en este proceso porque se puede afectar a unos y beneficiar a otros.
“Tengo desconfianza de que castiguen a los empresarios tradicionales del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y redistribuyan o redireccionen estos recursos para los empresarios progobierno”.
Recomiendan racionalizar el gasto público
De igual manera, Solórzano destacó que mientras la familia Ortega-Murillo no se siente a buscar una salida pacífica a la crisis del país las proyecciones presupuestarias no van a lograr sus metas, es por eso que recomienda racionalizar el gasto público y dirigirlo a otros sectores.
También pide que se reduzcan los gastos destinados para las fuerzas armadas del Estado y se inviertan en salud o educación.
Otra de las propuestas presentadas en el plenario por Porras es ingresar a planillas a las personas contratas por terceros, lo que para los estudiosos muestra una necesidad urgente del gobierno de recaudar más dinero para el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), que ha sido utilizada como caja chica para financiar proyectos que no han tenido un buen fin económico. Además, es un indicador de temor porque no han logrado una economía estable y creciente.
Los economistas concluyeron que ninguna de estas reformas benefician el bolsillo de los ciudadanos; sin embargo, es una muestra desesperada por recuperarse económicamente; pero las decisiones que han tomado pueden compensarse entre 20 y 25 años.
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