La medida que intenta implementar la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo de controlar el trabajo de los abogados y notarios públicos, a través de la Dirección General de Ingresos (DGI), es una medida arbitraria, según el penalista Julio Montenegro, miembro de la organización Defensores del Pueblo. El régimen está presionando a los juristas a revelar información confidencial de sus clientes.
“Yo considero que el gobierno no está actuando de la manera correcta, que no se puede limitar el ejercicio profesional, que no se le puede estar pidiendo a los abogados que hablen en el sigilo que tienen los profesionales con su representado se le pueda comunicar al Estado, porque eso prácticamente convierte al abogado en un cooperante de las autoridades investigativas”, manifestó Montenegro.
Noticia relacionada: Dictadura orteguista impone control y pago de impuestos a los abogados a través de la DGI
Este nuevo mecanismo de control estatal, según los notarios, los obligará a subir a la plataforma de la DGI las escrituras públicas que van a librar para luego poder imprimirlas en el papel sellado. Al imprimir cada una de las copias, la institución pondrá un código de barra en cada documento que servirá para llevar el control del pago del impuesto y del número de hoja en la que se imprime cada escritura.
Al Montenegro señaló que la única intención de la tiranía es controlarlos a través de estas regulaciones. “Yo pienso que ese tipo de codificaciones y controles de repente para la correcta administración de justicia o para impedir algún tipo de ilícitos es adecuado, pero cuando nosotros sumamos todas las situaciones que se están generando pensamos que el objetivo no es la correcta administración del trabajo del abogado sino más bien un tipo de control”.
Noticia relacionada: Ortega pretende convertir a abogados en “orejas” y que acusen a sus propios clientes
Asimismo, expresó las normativas del Código Penal respaldan la posición de no filtrar información privada de sus clientes. “El artículo 196 establece que en cuanto a la violación del secreto profesional, quien por razón de su investidura, oficio, cargo, empleo, profesión o arte, tenga noticia de un secreto cuya divulgación pueda causar daño y lo revele sin justificación legítima , será penado con prisión de uno a tres años o inhabilitación de dos a cinco años”.
Dejará sin trabajo a los abogados
La medida no solo generará desconfianza a los clientes sino que deja prácticamente sin el derecho al trabajo a los abogados, de acuerdo con el defensor de derechos humanos. “Muchos de los colegas su bufete jurídico o sus oficinas de abogado no son visitadas por los clientes y muchos de ellos han colgado el título y se están dedicando a otra actividad”.
Aunque el penalista no dio detalles afirmó que en los próximos días estarán anunciando las medidas legales que estarán ejecutando en contra de esta normativa regulatoria del régimen orteguista. “No nos adelantamos porque estamos en ese proceso y para ello estamos documentando el caso”.
https://www.facebook.com/Articulo66/videos/1248880718617244/
Un estado policíaco como nuestro desea tener la mayor cantidad de información posible para someter a sus adversarios, es una medida totalmente maquivelica y muestra en su caso la maldad y perversidad de lo que son capaces estos Asesinos y Criminales Genocidas.