Wendy Morales, «la superministra pulpo» de Daniel Ortega
La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha convertido a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) en una estructura que concentra facultades sobre la persecución penal, la propiedad, la minería y la administración municipal. La incorporación de La Gaceta y la Secretaría Jurídica de la Presidencia extiende ese poder y perfila a Wendy Morales como una «superministra pulpo» con autoridad sobre áreas que antes dependían de distintas instituciones.
Wendy Morales pasó de trabajar lejos de los reflectores a manejar una de las instituciones con más poder de la dictadura. Ingresó a la Procuraduría en 2003, llegó a subprocuradora en 2014 y en mayo de 2019 sustituyó a Hernán Estrada al frente de la entidad. Desde entonces, Ortega y Murillo han ampliado su autoridad a golpe de reformas y traspasos de instituciones.
Su nombre cobró notoriedad por las confiscaciones. Como procuradora, Morales puso la cara en la entrega de inmuebles arrebatados a medios de comunicación y participó en el traslado al Estado de propiedades de organizaciones y opositores. Estados Unidos la sancionó en marzo de 2024 por facilitar esas apropiaciones como parte de la represión contra la disidencia. Las sanciones no frenaron su ascenso: la dictadura siguió entregándole funciones y poder.
En agosto de 2025, Ortega y Murillo la nombraron procuradora general de Justicia y dejaron también a la Fiscalía bajo su mando.
Le salen los primeros tentáculos
El último traslado que fortalece a la procuradora Morales quedó establecido en la Ley 1285, aprobada el 22 de octubre y publicada este 23 de octubre de 2026. Con esa reforma, la Procuraduría incorpora la oficina que prepara iniciativas de ley y acuerdos presidenciales y asume la administración del diario donde se publican oficialmente las disposiciones del Estado.
Desde 2023, al menos diez instituciones y dependencias, o sus funciones, han pasado a la estructura o rectoría de la Procuraduría. Algunas conservaron su personalidad jurídica; otras desaparecieron y sus competencias fueron absorbidas por nuevas dependencias. El resultado es una red de organismos sometidos a una misma autoridad.
Los tentáculos de ese pulpo institucional incluyen decisiones que afectan directamente a ciudadanos, empresas, cooperativas y alcaldías: desde quién enfrenta una acusación penal hasta cómo se inscribe una propiedad o se administra una concesión minera.
La Fiscalía bajo el mando de la representante del Estado
La incorporación del Ministerio Público representó uno de los cambios más importantes en ese reacomodo del poder sandinista. La Ley 1259, aprobada el 26 de agosto de 2025 y publicada dos días después, lo integró como ente descentralizado bajo la rectoría de la Procuraduría General de Justicia, por ende, supeditado a Wendy Morales.
En esa misma operación, Ortega también sustituyó la denominación de Procuraduría General de la República por la de Procuraduría General de Justicia. La transformación reunió bajo una misma dirección la representación legal del Estado y la conducción de la función acusadora del Ministerio Público, que para entonces tenía como rostro visible a Ana Julia Guido. Tras la salida de Guido, ni siquiera se conoce quién es el fiscal general.
Morales recibió facultades para nombrar, remover o destituir al fiscal nacional y a otros funcionarios fiscales. Su autoridad, por tanto, se extiende tanto a la defensa de los intereses estatales como a la estructura que acusa en los procesos penales.
La Procuraduría ya había incorporado a la entidad encargada de promover y defender los derechos humanos. La Ley 1174, aprobada el 24 de noviembre de 2023 y publicada el 28 de ese mes, prácticamente liquidó a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, instancia que por años dirigió Omar Cabezas, y la adscribió a la entonces PGR.
El cambio entregó al procurador general la facultad de nombrar, remover o destituir a sus titulares. El organismo encargado de defender derechos quedó así bajo la autoridad de la institución que representa al Estado, cuyas actuaciones también debe examinar.
Propiedades y conflictos fuera de la Corte Suprema
Otra de las piezas centrales de esta concentración es el Sistema Nacional de Registros (SINARE). La Ley 1167, publicada el 1 de noviembre de 2023, lo adscribió a la Procuraduría y lo separó del Poder Judicial. La reforma constitucional relacionada con ese traslado completó su aprobación en segunda legislatura el 16 de enero de 2024.
La medida puso bajo la Procuraduría los registros públicos, incluidos los de propiedad inmueble y mercantil. Se trata de oficinas esenciales para inscribir y acreditar derechos sobre bienes y dar publicidad a operaciones comerciales.
El traslado sucedió, cuando ya la Procuraduría intervenía en procesos de legalización y titulación. Con los registros bajo su mando, amplió su presencia en distintas etapas de la gestión de la propiedad. Eso sembró más desconfianza en empresarios y ciudadanos por el control directo del sandinismo sobre la legalidad de las propiedades de bienes, empresas e inmuebles.
La Corte Suprema de Justicia perdió también la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos (DIRAC). Mediante la Ley 1202, aprobada el 25 de abril de 2024 y publicada el 29 de abril, esta dependencia pasó al control de la Procuraduría.
Las funciones de la DIRAC y del Instituto Nacional de Promoción de la Competencia (Procompetencia) quedaron agrupadas en la Procuraduría Nacional para la Defensa de la Libre Competencia y de Resolución Alterna de Conflictos.
Así, la institución incorporó dos campos distintos: la mediación y otros mecanismos para resolver controversias, y la vigilancia y sanción de prácticas anticompetitivas.
Más autoridad sobre municipios, cooperativas y minas
La eliminación del Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (INIFOM) abrió otro frente de concentración de poder del «pulpo». La Ley 1208, aprobada el 12 de julio de 2024 y publicada el 15 de julio, trasladó sus competencias a la Procuraduría para las Municipalidades.
Según la justificación que hace el régimen a través de su propaganda, la Procuraduría «asumió funciones de asesoría y seguimiento» sobre finanzas municipales, inversiones, planificación y estrategias locales. También quedó a cargo de administrar el patrimonio del instituto eliminado.
En enero de 2025 se agregó el Instituto Nicaragüense de Fomento Cooperativo (INFOCOOP). La Ley 1233, publicada el 17 de enero, lo trasladó del ámbito del Ministerio de Economía Familiar a la rectoría de la entonces PGR.
Aunque conservó su condición de ente descentralizado, su dirección quedó sujeta al nombramiento del procurador general, o sea, otra vez, bajo el poder de la «superministra» Wendy Morales. Con este movimiento, la Procuraduría incorporó la supervisión del organismo que registra, regula y fiscaliza las cooperativas.
La expansión continuó con la Dirección General de Minas. La Ley 1275, aprobada el 11 de febrero de 2026 y publicada al día siguiente, la colocó bajo la dirección, control y supervisión de la PGJ.
La institución sumó así la administración del régimen de concesiones y licencias para minas y canteras, mediante la Procuraduría Nacional para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales. Ahí, Ortega amarró toda la operación en pleno festín de concesiones mineras chinas, que ya están bajo el ojo de los países, incluyendo de Estados Unidos, que empezó a sancionar a funcionarios, empresarios y compañías chinas beneficiadas con las concesiones.
La preparación de normas y su publicación bajo una misma jefatura
La incorporación de la Secretaría Jurídica de la Presidencia añade una función cercana al centro de las decisiones gubernamentales. Esa oficina prepara iniciativas de ley, decretos y acuerdos presidenciales, incluidos los relacionados con nombramientos, traslados y destituciones de funcionarios.
Con La Gaceta, la PGJ también asume la administración del medio que formaliza la publicación de leyes y otras disposiciones oficiales. La reforma reúne, por tanto, tareas de preparación normativa y publicación bajo la autoridad de la «súperministra», dentro de las atribuciones y autorizaciones previstas por la Presidencia.
La acumulación tiene un antecedente en 2009. El Decreto 33-2009, publicado el 3 de junio de ese año, trasladó la Intendencia de la Propiedad del Ministerio de Hacienda a la Procuraduría.
Esta dependencia atiende procesos de saneamiento, indemnización y titulación. Es distinta de los Registros Públicos y, al incluirla, el recuento alcanza al menos once instituciones y dependencias, o sus funciones.
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