EE. UU. señala que Nicaragua está en deuda para perseguir y prevenir la trata de personas
El régimen de Nicaragua no cumple plenamente con los estándares mínimos para combatir la trata de personas. Tampoco realiza esfuerzos significativos para alcanzarlos, señala el Departamento de Estado de Estados Unidos en su informe sobre este delito, que mantuvo al país en el Nivel 3, la categoría más baja de la clasificación.
El documento puntualiza sobre deficiencias en la persecución penal de los tratantes, la atención a las víctimas y la prevención de la explotación sexual y laboral; asimismo, reporta que las restricciones a las organizaciones independientes de la sociedad civil han debilitado la capacidad de brindar asistencia y prevenir estos delitos en comunidades vulnerables.
Aunque las autoridades nicaragüenses reportaron la condena de seis tratantes y la identificación de nueve víctimas de trata infantil durante 2025, el informe considera insuficientes los esfuerzos generales de la dictadura orteguista.
Mujeres, niños y migrantes son los más vulnerables a la trata
El informe identifica a las mujeres, los niños y los migrantes como los grupos especialmente vulnerables a la trata de personas en Nicaragua, y añade que las víctimas pueden ser sometidas a explotación sexual o laboral dentro del país y en el extranjero.
En este sentido, las dos regiones autónomas del Caribe nicaragüense figuran entre las zonas de mayor preocupación, pues, según el documento, la débil aplicación de la ley, la pobreza generalizada, las altas tasas de criminalidad y los efectos persistentes de los desastres naturales aumentan los riesgos para la población, especialmente para las comunidades indígenas.
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El Departamento de Estado también advierte sobre la explotación de adultos y niños en actividades como la agricultura, la construcción, la minería, el sector informal y el servicio doméstico.
Además, recoge reportes sobre niños obligados a trabajar en minas y canteras artesanales, así como menores explotados en la producción y el transporte de drogas ilegales. Los niños y las personas con discapacidad también son víctimas de mendicidad forzada, especialmente en avenidas transitadas de Managua y cerca de centros turísticos.
Falsas ofertas de empleo y redes sociales facilitan la captación
Los tratantes aprovechan la búsqueda de mejores oportunidades económicas para captar víctimas mediante ofertas fraudulentas de empleo en restaurantes, hoteles, construcción, servicio doméstico y seguridad.
Según el informe, estas propuestas pueden dirigirse a personas que buscan trabajo en ciudades, zonas turísticas o en el extranjero, y terminar en situaciones de explotación sexual o laboral, y agrega que los reclutadores utilizan cada vez más las redes sociales para captar a personas de zonas rurales y fronterizas, donde las oportunidades económicas son limitadas.
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Los nicaragüenses que trabajan sin documentación regular en otros países también enfrentan riesgos de trabajo forzado bajo amenazas de deportación; asimismo, expertos citados en el informe notifican que los hijos de personas que emigran para trabajar en el extranjero pueden ser víctimas de explotación sexual o laboral.
Nicaragua reportó seis condenas por trata de personas en 2025
El documento explica que, según el régimen, durante 2025 se investigaron siete casos de trata de personas, lo que llevó al inicio de procesos judiciales contra 15 sospechosos y culminó en la condena a seis tratantes, quienes recibieron penas de 20 años y multas.
Dos investigaciones y dos procesos judiciales estuvieron relacionados con trata laboral infantil, mientras que los casos restantes incluyeron trata sexual o adopción ilegal, esta última sin ajustarse necesariamente a la definición internacional de trata de personas.
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Pese a esto, el Departamento de Estado indica que los esfuerzos para aplicar la legislación contra estos delitos continuaron siendo insuficientes.
El documento también recoge cuestionamientos de observadores sobre la fiabilidad de las estadísticas oficiales, y es que, algunos alegaron que las autoridades ocultaron o clasificaron incorrectamente casos para minimizar la magnitud del problema.
Protección insuficiente por parte del Estado nicaragüense
En materia de protección, el informe subraya que Nicaragua mantuvo esfuerzos mínimos para atender a las víctimas.
Las autoridades reportaron haber identificado y asistido a nueve menores víctimas de trata durante 2025: seis fueron explotados sexualmente y tres estaban sometidos a servidumbre doméstica.
Entre las víctimas de explotación sexual había cinco niñas y un niño; las tres víctimas de servidumbre doméstica también eran niñas.
El régimen afirmó que ofrecía alojamiento, atención médica, asistencia legal y apoyo psicosocial; sin embargo, no proporcionó detalles sobre los servicios recibidos por cada víctima.
Estados Unidos alerta que Nicaragua carece de albergues específicos para víctimas de trata y tiene una capacidad limitada para brindar atención a largo plazo, tampoco existen albergues accesibles para hombres víctimas de estos delitos.
Asimismo, la dictadura no informó sobre asistencia a nicaragüenses explotados en el extranjero, una de las deficiencias destacadas por el Departamento de Estado.
Presunta complicidad de funcionarios
El informe menciona que las autoridades nicaragüenses no reportaron investigaciones, procesamientos ni condenas de funcionarios públicos presuntamente implicados en delitos de trata de personas.
No obstante, la corrupción y la posible complicidad oficial continúan siendo motivo de preocupación; el documento recoge señalamientos según los cuales algunos funcionarios de las fuerzas del orden y de inmigración habrían aceptado sobornos para facilitar estos delitos.
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El Departamento de Estado puntualiza en que la falta de políticas para prevenir la complicidad oficial puede contribuir a un clima de impunidad y desalentar a las víctimas a denunciar.
Aunque las autoridades informaron sobre capacitaciones para policías, fiscales, jueces y otros funcionarios, los recursos financieros y humanos limitados siguieron obstaculizando la persecución penal de los responsables.
Desmantelamiento de ONG debilitó la prevención de trata de personas
EE.UU. afirma que el desmantelamiento de organizaciones independientes de la sociedad civil ha debilitado los esfuerzos para monitorear, denunciar y prevenir la trata de personas en Nicaragua.
El informe indica que el Ministerio del Interior quedó como la única autoridad gubernamental encargada de la política contra la trata luego de la disolución de un grupo de trabajo interinstitucional en 2024.
Aunque las autoridades reportaron campañas de sensibilización y capacitaciones para funcionarios, educadores y operadores turísticos, no informaron sobre medidas para reducir la demanda de actos sexuales comerciales ni sobre cuántas denuncias de trata recibieron sus líneas telefónicas durante 2025.
El documento resalta que las dificultades para obtener documentos nacionales de identidad aumentan la vulnerabilidad de los nicaragüenses y limitan su acceso a los servicios públicos.
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