El Gobierno de Nicaragua no cumple plenamente, ni siquiera con los estándares mínimos, en los esfuerzos por la eliminación del delito de trata de personas, y además, no está haciendo esfuerzos significativos para mejorar en ese tema, según indica el más reciente informe del Departamento de Estado de Estados Unidos.
De acuerdo con ese informe, dado a conocer por las autoridades norteamericanas este primero de julio, Nicaragua se mantiene en un nivel tres en cuanto a la lucha contra la trata de personas y además, mantiene la política de minimizar el problema.
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«El Gobierno de Nicaragua no cumple plenamente con los estándares mínimos para la eliminación de la trata y no está haciendo esfuerzos significativos para hacerlo, incluso considerando el impacto de la pandemia COVID-19, si lo hubiera, en su capacidad de lucha contra la trata; por lo tanto, Nicaragua permaneció en el Nivel 3», reza el informe del departamento de Estado norteamericano.
El secretario de Estado de Estados Unidos Antony Blinken, al referirse al conclusivo, dijo que «el Informe sobre la trata de personas de este año envía un fuerte mensaje al mundo de que las crisis globales, como la pandemia COVID-19, el cambio climático y las políticas y prácticas discriminatorias duraderas, tienen un efecto desproporcionado en las personas que ya están oprimidas por otras injusticias. Estos desafíos agravan aún más las vulnerabilidades existentes a la explotación, incluida la trata de personas. Debemos romper este ciclo inhumano de discriminación e injusticias si esperamos algún día eliminar la trata de personas».
Nicaragua en Nivel Tres
El documento, publicado en la página oficial de internet del Departamento de Estado, indica que Nicaragua permanece en nivel tres, es decir, en un nivel de bajo cumplimiento, porque el Gobierno de Daniel Ortega no reconoció que los traficantes exploten a los nicaragüenses en países extranjeros, a pesar de los informes de los medios de comunicación de que funcionarios extranjeros identificaron a varias víctimas nicaragüenses en 2020.
«El Gobierno (de Nicaragua) no informó de ninguna investigación, enjuiciamiento o condena de empleados del gobierno cómplices de delitos de trata, a pesar de la corrupción endémica y complicidad oficial generalizada. El Gobierno no cooperó con las ONG para brindar servicios de protección ni para incluir a la sociedad civil en la coalición nacional contra la trata. Los esfuerzos de enjuiciamiento, protección y prevención en las dos regiones autónomas caribeñas de Nicaragua continuaron siendo mucho más débiles que en el resto del país», indica el análisis.
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Asimismo, señalan que el régimen Ortega-Murillo «siguió minimizando la gravedad del problema de la trata en Nicaragua, a pesar de los informes de la sociedad civil sobre una mayor victimización en 2020; no condenó a ningún traficante por tercer período del informe consecutivo y los esfuerzos de identificación de las víctimas siguieron siendo insuficientes».
De igual manera, el documento advierte de la falta de protección a las víctimas de trata de personas y que la situación empeora por la falta de coordinación con ONG que trabajan ese tema y a los que más bien ha atacado.
«Las ONG informaron que había habido una comunicación mínima, si es que había alguna, con el gobierno sobre los servicios a las víctimas desde 2018. El gobierno no informó haber brindado refugio u otro tipo de apoyo para la vivienda a ninguna víctima en 2020 y, en incumplimiento de la ley, ordenó el cierre de dos refugios de ONG que atienden a niños víctimas de violencia, incluida la trata de personas»
Recomendaciones priorizadas
Las autoridades norteamericanas recomiendan a Nicaragua «incrementar significativamente los esfuerzos para identificar a las víctimas de trata sexual y laboral, incluidos los extranjeros. Investigar, enjuiciar y condenar a los traficantes, incluidos los funcionarios (público) cómplices e implementar enérgicamente la Estrategia Nacional de Atención Integral a las Víctimas de la Trata de Personas, mediante la identificación de las víctimas, incluso entre las poblaciones vulnerables, y remitir a las víctimas de manera efectiva a los servicios adecuados».
Además, sugieren que las autoridades oficiales del país se asocien con ONG para proporcionar a las víctimas atención a corto plazo, atención a largo plazo y servicios de reintegración.
También, entre las recomendaciones incluyen, enmendar la Ley contra la trata de personas de 2014, para incluir una definición de trata de personas consistente con el derecho internacional, aumentar los fondos para la protección de las víctimas, financiar el fondo de trata y brindar servicios especializados para las víctimas de la trata y cumplir con el requisito de la Ley 896 de incluir a la Federación Nicaragüense de Coordinación de ONG que trabajan con la Niñez y la Adolescencia (CODENI) para representar a las ONG en la Coalición Nacional contra la Trata de Personas (NCATIP)».
