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Régimen ignora 20 resoluciones de la Corte IDH sobre presos políticos

Organizaciones de derechos humanos denunciaron ante el tribunal interamericano que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantiene en prisión a los beneficiarios de medidas de protección y no informa sobre el paradero de siete de ellos
Por Artículo 66 agosto 20, 2026
Las organizaciones alertaron sobre el riesgo que enfrentan siete personas cuyo paradero se desconoce y pidieron pruebas de vida verificadas | Foto: Cortesía

La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantiene en prisión a 16 personas beneficiarias de medidas de protección de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), siete de ellas en condición de desaparición forzada, denunciaron este miércoles organizaciones de derechos humanos ante el tribunal regional.

La denuncia fue presentada durante una audiencia de la Corte IDH por varias organizaciones que acompañan a los presos políticos y a sus familiares.

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Los voceros señalaron que Nicaragua permanece en desacato frente a las órdenes de la Corte IDH. Según expusieron, el tribunal ha emitido 20 resoluciones en restos casos para exigir la liberación inmediata de las personas protegidas y garantizar su vida, integridad y libertad, pero .ninguna ha sido liberada.

«El grave riesgo de daño irreparable para las personas beneficiarias no sólo continúa vigente, sino que se ha agravado», señalaron durante la audiencia.

Siete personas siguen desaparecidas

Uno de los principales reclamos planteados durante la audiencia fue la falta de información sobre siete personas beneficiarias de medidas de protección cuyo paradero continúa sin conocerse.

Las organizaciones pidieron a la Corte IDH exigir al Estado nicaragüense que presente pruebas de vida verificadas de manera independiente, ante el riesgo que enfrentan quienes permanecen en desaparición forzada.

El caso de Brooklyn Rivera, líder indígena miskitu, fue señalado como un antecedente que demuestra la gravedad de esta situación. Rivera permaneció más de 970 días en desaparición forzada tras su detención en septiembre de 2023 y murió bajo custodia estatal el 30 de mayo de 2026.

Entre las personas que cuentan con medidas de protección están Víctor Boitano Coleman, Eddie Moisés González Valdivia, Steadman Fagoth Müller, Carlos Ramón Brenes Sánchez y Ricardo José Mendoza Yrigoyen, Salvadora del Socorro Martínez Aburto y Larry Javier Martínez Romero.


Advirtieron que la situación de estas personas requiere una respuesta urgente para evitar que puedan correr un destino similar al de Rivera.

Denuncian condiciones carcelarias

Durante la audiencia también fueron expuestas las condiciones en las que se encuentran los presos políticos. Las organizaciones denunciaron celdas sin ventilación, plagas, iluminación permanente, falta de agua potable y alimentación adecuada, además de ausencia de atención médica y aislamiento de familiares y abogados.

La situación genera especial preocupación por al menos siete personas mayores de edad o con enfermedades crónicas, según la denuncia.

También fueron señalados riesgos específicos para las mujeres beneficiarias de las medidas de protección debido a su condición de género.

El caso de los cuatro indígenas mayangnas fue destacado de manera particular. Las organizaciones denunciaron restricciones para comunicarse en su propia lengua, humillaciones relacionadas con sus prácticas religiosas y agresiones físicas que, según los reportes presentados ante la Corte, habrían ocurrido en abril de 2026.

Ya cumplieron sus condenas

Las organizaciones también reclamaron la liberación de personas que ya cumplieron las penas impuestas por los tribunales controlados por el régimen.

Entre los casos mencionados están José Manuel Urbina Lara y Jaime Enrique Navarrete, cuya permanencia en prisión fue presentada ante la Corte IDH como parte del incumplimiento de las medidas de protección.

Otro de los casos expuestos fue el de Steadman Fagoth Müller, líder indígena que, según la denuncia, fue condenado a 105 años de prisión después de denunciar la invasión de territorios indígenas por colonos.

Las organizaciones pidieron al tribunal mantener vigentes las medidas provisionales y volver a ordenar a Nicaragua la liberación inmediata de las 16 personas beneficiarias.

ARTÍCULO 66 es un medio de comunicación nicaragüense que trabaja desde el exilio debido a la persecución del Estado contra la prensa independiente. Algunas de nuestras informaciones no revelan la identidad de nuestras fuentes ni están firmadas por nuestros periodistas por razones de seguridad.

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