Harry Valle, desertor del FSLN, denuncia ante la CIDH persecución por ejercer la abogacía en Nicaragua

El abogado penalista nicaragüense Harry Valle, quien simpatizaba con el partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y del que desertó cuando lo acusaron por ciberdelitos y tuvo que huir del país, presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una petición contra el Estado de Nicaragua por la acusación penal y la orden de captura que enfrenta.

Artículo 66 tuvo acceso al documento, identificado con el código de petición CIDH-0000113350 y enviado a la CIDH el 11 de junio de 2026.

En el escrito, Valle señala directamente a Maribel Parrilla, jueza de Distrito Penal de Audiencias de Matagalpa, y al fiscal Wilber Eduardo López. Según el abogado, la jueza emitió la orden de captura en su contra y el fiscal presentó la acusación por el delito de «noticias falsas».

Valle sostiene que estas actuaciones violaron sus derechos a las garantías judiciales, libertad de pensamiento y expresión y protección judicial efectiva, establecidos en los artículos 8, 13 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Acusación surgió tras cuestionar actuaciones judiciales

Según el documento presentado ante la CIDH, durante 2025 Valle ejerció como abogado defensor en un proceso penal de relevancia pública en Matagalpa relacionado con la defensa de una cajera de Western Unión señalada de robar un dinero a esa empresa.

El abogado afirma que, en el ejercicio de su profesión, denunció públicamente irregularidades procesales y actuaciones judiciales que, a su criterio, afectaban el derecho a la defensa de su representada.

Después de esas denuncias, Valle fue excluido temporalmente del proceso y posteriormente reincorporado. El documento señala que luego el Estado abrió una investigación penal en su contra.

«Estimo que la acusación iniciada en mi contra constituye una represalia por opiniones emitidas en asuntos de interés público y por el ejercicio legítimo de la defensa técnica de una persona sometida a proceso penal», argumenta el abogado exsandinista.

El Ministerio Público terminó presentando una acusación bajo la Ley de Ciberdelitos por las opiniones y declaraciones que Valle emitió sobre el proceso y sobre funcionarios judiciales.

La jueza Parrilla habría emitido posteriormente una orden de captura contra el abogado. La notificación judicial sobre el proceso fue recibida por Valle el 15 de noviembre de 2025, según consta en la petición.

Valle no recurrió ante tribunales nicaragüenses

En su petición a la CIDH, el abogado explica por qué no agotó los recursos judiciales internos antes de acudir al sistema interamericano.

Valle sostiene que existía un temor fundado de ser detenido de manera arbitraria debido a la orden de captura y que no contaba con garantías de un debido proceso en Nicaragua.

Por esa razón, argumentó ante la CIDH que no presentó recursos internos antes de acudir al organismo interamericano.

El documento plantea que la persecución penal estaría relacionada con declaraciones que realizó en el ejercicio de su profesión y con sus cuestionamientos a actuaciones judiciales.

Denunció persecución desde el exilio

La petición ante la CIDH ocurre después de que Valle relatara públicamente las circunstancias que, según él, lo llevaron a salir de Nicaragua.

En una entrevista concedida a Artículo 66 en julio de 2026, el abogado reconoció que durante su ejercicio profesional dentro de Nicaragua simpatizó con el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo porque consideraba que esa era una condición necesaria para poder ejercer y obtener resultados en los procesos penales.

«Si estás dentro de Nicaragua y estás ejerciendo la profesión, litigio penal, tienes que hacerlo. No tienes otra opción. Si quieres ganar un caso en Nicaragua tienes que estar con ellos (dictadura)», afirmó entonces.

Valle también sostuvo que el gremio de abogados vive bajo presión y vigilancia política.
«Lo que hay es pánico y temor generalizado en el gremio legal», dijo durante la entrevista.

En esa conversación explicó que su salida del país estuvo relacionada con la acusación por ciberdelitos. Negó haber difundido información falsa y sostuvo que las autoridades lo persiguieron después de denunciar presuntas violaciones de los plazos procesales en dos casos.

«No enfrento la justicia ni me someto a ese proceso al considerar que es injusto», afirmó.
Valle había señalado además que comenzó a estar en la mira del régimen después de asumir la defensa del sacerdote Leonardo Urbina, quien fue acusado penalmente, encarcelado y posteriormente expulsado de Nicaragua.

El abogado sostuvo que su caso demuestra que las autoridades pueden actuar contra personas que cuestionen al régimen, independientemente de su posición política previa.

«El régimen no distingue si eres militante o simpatizante, si dijiste algo que los incomodó te van a perseguir penalmente así seas de la bandera de ellos», manifestó.