Régimen de Nicaragua entrega tres propiedades al INSS
La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo autorizó nuevas donaciones de inmuebles estatales a favor del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), según dos acuerdos presidenciales publicados en «La Gaceta», este miércoles, 12 de agosto.
Los acuerdos presidenciales 113-2026 y 114-2026 autorizan a la Procuradora General de Justicia y al presidente del INSS a suscribir escrituras públicas de donación de tres propiedades: dos ubicadas en Rivas y una en Managua.
Los documentos no detallan el valor económico de los inmuebles ni explican qué uso específico tendrán una vez que pasen al patrimonio del INSS.
El Acuerdo Presidencial 113-2026 autoriza la transferencia al INSS de dos inmuebles inscritos en el Registro Público de la Propiedad de Rivas, identificados con los Números Absolutos de Propiedad (NAP) BI-2L3ZOOOJ y BI-2L3TQ5IT.
Mientras que el Acuerdo 114-2026 contempla un tercer inmueble, ubicado en Managua e identificado con el NAP BI-2L3TPXR2.
En ambos casos, la dictadura justifica las donaciones con el argumento de que contribuirán a «fortalecer la seguridad social», aumentar la cobertura para trabajadores y sus familias y ampliar la capacidad institucional del INSS para desarrollar proyectos.
Sin embargo, los acuerdos no incorporan información sobre el valor de mercado de las propiedades, las razones específicas para escoger esos inmuebles ni las condiciones bajo las cuales serán utilizados.
Los traspasos al INSS aumentaron en julio
Las nuevas transferencias ocurren después de que el Monitoreo Azul y Blanco (MAB) documentara un repunte de los procesos de confiscación y traspaso de bienes durante el pasado mes de julio.
De acuerdo con su último informe, durante ese mes se registraron 19 casos relacionados con traspasos de bienes confiscados a instituciones del Estado. El aumento estuvo relacionado principalmente con el traslado de 14 propiedades confiscadas por la Procuraduría General de la República al INSS.
Los dos acuerdos otorgan facultades a la Procuraduría General de Justicia para concretar las operaciones.
La institución podrá incorporar las cláusulas que considere necesarias para «salvaguardar los intereses del Estado y realizar los actos jurídicos, administrativos, notariales y registrales requeridos para formalizar las donaciones».
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