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jue. 1 oct.
Política

Régimen autoriza firma de protocolo para aplicar acuerdo de protección mutua con Rusia

El acuerdo presidencial autoriza a la embajadora Alba Azucena Torres Mejía a firmar el protocolo que pone en marcha el convenio suscrito entre Nicaragua y Rusia en 2025
Por Artículo 66 julio 23, 2026
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo autorizó la firma del protocolo que permitirá implementar el acuerdo de protección mutua con Rusia, suscrito en junio de 2025 en San Petersburgo | Foto: Archivo

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo autorizó la firma de un protocolo que permitirá avanzar en la aplicación del acuerdo suscrito con Rusia sobre la protección recíproca de ciudadanos frente a supuestos abusos en el ámbito de la justicia internacional.

La autorización fue otorgada mediante el Acuerdo Presidencial No. 103-2026, publicado este jueves 23 de julio en La Gaceta, Diario Oficial.

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Mediante este acuerdo, Torres Mejía queda autorizada para suscribir el protocolo de cooperación entre la Cancillería nicaragüense y la Fiscalía General de Rusia.

«Este instrumento regula la interacción entre ambos Estados en materia de protección mutua de los ciudadanos contra abusos en el ámbito de la justicia internacional», detalla el documento oficial.

Con este paso, Nicaragua y Rusia avanzan en la implementación del acuerdo bilateral firmado el 20 de junio de 2025 en San Petersburgo, al establecer el mecanismo para su aplicación entre las instituciones encargadas de ejecutarlo.

El acuerdo, suscrito el año pasado, establece que ambos países se comprometen a proteger recíprocamente a sus ciudadanos frente a lo que consideran abusos en el ámbito de la justicia internacional.

Además, señala que Nicaragua y Rusia se abstendrán de intervenir en los asuntos soberanos del otro mediante la justicia penal y no colaborarán con terceros en el uso de esos mecanismos.

El pacto forma parte del fortalecimiento de las relaciones entre Managua y Moscú y ha sido cuestionado por especialistas, quienes advirtieron que podría servir para limitar la cooperación con instancias de justicia internacional en casos de corrupción y crímenes de lesa humanidad.

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