Grupo de los 27 exige renuncia de Roberto Rivas y piden justicia por masacre de La Cruz de Río Grande

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Demandaron una una investigación sobre la masacre del Ejército contra seis personas, incluyendo dos niños, cuyos cuerpos permanecen en una fosa común.

El Grupo de los 27, una organización compuesta por políticos, intelectuales y escritores se pronunció hoy mediante un comunicado sobre la situación del Consejo Supremo Electoral (CSE), exigieron la renuncia del magistrado Roberto Rivas Reyes (sancionado por corrupción por Estados Unidos e incluído en una lista negra al amparo de la Ley Magnitsky) y sobre la masacre de La Cruz de Río Grande.

Además de pedir la destitución de Rivas Reyes, el Grupo de los 27 insistió en la necesidad de cambios en las estructuras del Poder Electoral, el cual sigue cuestionado por los fraudes electorales de dos elecciones municipales y nacionales que se han celebrado desde el 2008.

«Roberto Rivas violador de derechos humanos»

El exdiputado Carlos Langrand dijo que «Roberto Rivas no solo es un violador del tema de la corrupción de fondos estatales, sino también que es un violador de los derechos humanos, del derecho de los nicaragüenses para elegir y ser electos»

El excandidato a presidente y empresario radial Fabio Gadea Mantilla, fue quien dio lectura al pronunciamiento y dijo que era necesaria una restructuración completa de todo el CSE a nivel nacional.

Sobre este tema el gobierno de Nicaragua, no se ha pronunciado y varios funcionarios públicos se han negado a dar declaraciones sobre el caso de Roberto Rivas. A diferencia de Nicaragua el Gobierno de Costa Rica abrió una investigación contra Rivas por el presunto delito de legitimación de capitales.

La masacre de La Cruz de Río Grande

Han pasado dos meses de la masacre de La Cruz de Río Grande, y el silencio de las autoridades nicaragüenses continúa. El Gobierno de Daniel Ortega y la Policía Nacional, a su servicio, se niegan a entregar los cuerpos de los dos niños masacrados por el Ejército, en un operativo contra supuestos rearmados políticos, a quienes oficialmente, las fuerzas de seguridad califican como “delincuentes comunes”.

La madre de los dos niños y esposa de uno de los alzados en armas que fueron acribillados en la montaña se ha presentado ante la sede central de la Policía para exigir que le entreguen los cadáveres, pero las autoridades se hacen sordas. El Grupo de los 27 demandó una explicación e investigación sobre lo que ocurrió el 12 de noviembre de 2017. Los intelectuales demandaron la exhumación de los hijos de Elea Valle y de su esposo para que los familiares puedan sepultarlos dignamente.

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