¿Eligieron los nicaragüenses este régimen? La cronología de los fraudes electorales de Daniel Ortega
Las recientes declaraciones de la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, sobre Nicaragua pusieron nuevamente sobre la mesa la legitimidad de los procesos electorales bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Durante una actividad pública, la mandataria costarricense afirmó: «Dios con Nicaragua, Dios con Costa Rica, Dios con todos. Ellos con sus problemas internos y su forma de gobierno que han elegido tener».
Posteriormente, intentó matizar sus palabras al señalar que, aunque no existen relaciones diplomáticas entre ambos países, Costa Rica no busca afectar la relación cordial con su vecino del norte.
Las declaraciones provocaron críticas entre sectores del exilio nicaragüense y especialistas en temas electorales, quienes recuerdan que las principales elecciones celebradas en Nicaragua desde 2008 han estado marcadas por denuncias de fraude, exclusión de opositores y cuestionamientos de organismos internacionales.
El analista político y experto electoral José Antonio Peraza considera que afirmar que los nicaragüenses eligieron libremente el actual sistema político ignora años de denuncias sobre irregularidades electorales. Aquí te presentamos una cronología sobre las denuncias de fraudes electorales bajo el régimen sandinista:
2008: las primeras denuncias masivas
Las elecciones municipales de 2008 marcaron el primer gran cuestionamiento al sistema electoral bajo el retorno de Ortega al poder. Antes de los comicios, el Consejo Supremo Electoral retiró la personería jurídica a partidos opositores como el Movimiento Renovador Sandinista (MRS) y el Partido Conservador.
Durante la jornada electoral también se denunciaron alteraciones de actas, falta de transparencia en el conteo de votos y restricciones a la observación electoral independiente. Las denuncias derivaron en protestas ciudadanas y en cuestionamientos de la comunidad internacional.
Peraza afirma que las evidencias recopiladas por organismos nacionales de observación apuntaban a un fraude en decenas de municipios.
«Es evidente que en Nicaragua hubo fraude electoral en 2008. Hay decenas de pruebas sobre lo ocurrido en Managua y en al menos 40 municipios del país», sostuvo Peraza.
2011: la cuestionada reelección de Ortega
Tres años después, Ortega buscó la reelección pese a que la Constitución lo prohibía. La candidatura fue posible tras una resolución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que dejó sin efecto las restricciones constitucionales.
Las elecciones de 2011 fueron observadas por organismos internacionales que documentaron múltiples irregularidades. Entre ellas, dificultades para entregar cédulas de identidad a votantes opositores, expulsión de fiscales de partidos rivales y falta de transparencia en el proceso.
«El Centro Carter señaló que fueron las elecciones más oscuras y menos transparentes de la historia de Nicaragua. También lo señalaron la Unión Europea y la OEA», recordó Peraza.
Las misiones de observación coincidieron en que el proceso careció de garantías suficientes para asegurar una competencia electoral equitativa.
2016: oposición fuera de la contienda
En 2016, el principal bloque opositor quedó excluido de las elecciones presidenciales después de que la Corte Suprema retirara la representación legal al Partido Liberal Independiente (PLI), principal fuerza de oposición en ese momento.
Además, fueron destituidos 28 diputados opositores, lo que debilitó aún más la participación política de sectores críticos al Gobierno.
«En el 2016 se dio otra modalidad de fraude porque fue que eliminaron a la fuerza opositora y eliminaron la posibilidad de continuar en su labor legislativa a 28 diputados y eliminaron a la fuerza política», recordó.
Con la oposición marginada y sin observación internacional independiente, Ortega obtuvo una nueva reelección en un proceso ampliamente cuestionado por organismos nacionales e internacionales.
2021: candidatos presos y elecciones sin competencia
Las elecciones presidenciales de 2021 representaron el punto más crítico del deterioro electoral en Nicaragua.
Entre mayo y junio de ese año, el régimen encarceló a siete aspirantes presidenciales opositores, entre ellos Cristiana Chamorro, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Arturo Cruz, Miguel Mora, Medardo Mairena y Noel Vidaurre.
Paralelamente, fueron detenidos líderes estudiantiles, empresarios, periodistas y defensores de derechos humanos. Otros opositores fueron forzados al exilio.
«Metieron presos a todos los candidatos electorales. No se puede hablar de una elección legítima bajo esas condiciones», afirmó Peraza.
Tras los comicios, la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otros organismos internacionales desconocieron la legitimidad del proceso.
En diciembre de 2021, el Parlamento Europeo calificó las votaciones del 7 de noviembre como una «farsa electoral» organizada por el régimen Ortega-Murillo. Los eurodiputados concluyeron que las autoridades eliminaron toda competencia electoral creíble y destruyeron la integridad del proceso democrático.
La resolución también señaló que Nicaragua se había convertido en «un régimen autocrático» tras el encarcelamiento de candidatos presidenciales, opositores, periodistas y defensores de derechos humanos.
«Una ligereza»
Para Peraza, las declaraciones de la presidenta costarricense no reflejan la realidad política que ha vivido Nicaragua durante los últimos años.
«Definitivamente fue una ligereza lo que se dijo. No se puede afirmar que los nicaragüenses eligieron libremente este sistema cuando existen pruebas de fraude electoral, presos políticos, exiliados y una represión sistemática documentada por organismos internacionales», manifestó.
El especialista añadió que las posiciones históricas de Costa Rica en foros como la OEA y Naciones Unidas han sido críticas frente al régimen nicaragüense, por lo que las declaraciones causaron sorpresa entre amplios sectores de la comunidad nicaragüense en el exilio.
A juicio de Peraza, la historia electoral reciente de Nicaragua muestra una evolución del fraude que mutó de las denuncias sobre el conteo de votos y las irregularidades administrativas, a la eliminación directa de adversarios políticos antes de que los ciudadanos pudieran acudir a las urnas.
«El gobierno de Nicaragua es un gobierno que lacera los derechos humanos y que es un mal ejemplo para todo el continente. Porque Ortega está llegando a convertirse en un referente de que se puede hacer todo contra la población y que nadie va a protestar, ni dentro del país porque no lo permiten, ni afuera porque hay veces parece que todo el mundo quiere voltear la cara y no ver lo que está sucediendo en Nicaragua».
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