Excancilleres de Latinoamérica piden investigación internacional por muerte de Brooklyn Rivera

Un grupo de 24 excancilleres de Latinoamérica exigió una investigación internacional independiente por la muerte del líder indígena miskitu, Brooklyn Rivera, quien falleció el pasado 30 de mayo después de que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo lo mantuvo en desaparición forzada por 2 años y 8 meses y presentó gravemente enfermo el pasado 27 de mayo.

En un comunicado manifestaron su preocupación por este fallecimiento, así como por la situación de otros guardabosques y representantes indígenas que se encuentran igualmente en desaparición forzada, encarcelados por el régimen.

«Solicitamos una investigación internacional independiente, con acceso irrestricto, que esclarezca las circunstancias de la muerte de Rivera y de las demás personas afectadas», afirmaron en el texto.

Entre los firmantes aparecen el exsecretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) y excanciller de Chile, José Miguel Insulza, al igual que Martha Lucía Ramírez, quien fue ministra de Exteriores y vicepresidenta de Colombia. Por Centroamérica solo hay el respaldo de excancilleres de Panamá (Francisco Álvarez de Soto, Samuel Lewis e Isabel de Saint Malo), así como de Costa Rica (Roberto Tovas Faja).

Qué dijo el régimen sobre la muerte del líder indígena

La muerte de Rivera la atribuyó el régimen a una supuesta bacteria que contrajo cuando se contagió de COVID-19 durante la pandemia del coronavirus, que habría dejado graves secuelas a su salud, algo que su hija Tininiska Rivera, desde el exilio, desmintió.

Durante cuatro días la dictadura emitió cuatro partes médicos de la condición crítica del fundador del movimiento YATAMA, en los que -siempre según la versión oficial- sufrió una infección pulmonar con derrame pleural, neumonía, edema cerebral, insuficiencia renal y otras dolencias que acabaron con su vida.

Ortega y Murillo se negaron a entregar el cuerpo del líder indígena a sus familiares, realizaron un entierro controlado en Managua, pese a su expreso deseo de que lo enterraran en la Costa Caribe Norte, al lado de los restos de su madre. Los familiares de Rivera que viajaron a la capital de Nicaragua para reclamar el cuerpo fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional.

Piden a la OEA discutir en Panamá la muerte de Rivera

Los excancilleres resaltaron el papel histórico de Rivera en su lucha y defensa de los pueblos Miskitu y Mayagna, pero recordaron que la inobservancia de Ortega Murillo a las medidas de protección a favor del líder indígena que emitieron la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte-IDH, incluso desde el año 2023 cuando lo apresaron, son una grave violación de las normas internacionales a las que se comprometió respetar Nicaragua.

«Como excancilleres de la región recordamos que la protección de la vida, la integridad personal de todos los nicaragüenses en general y el respeto a los pueblos indígenas en particular son pilares fundamentales del sistema interamericana y de todos sus estados miembros».

Llamaron a que en la próxima asamblea general de la OEA, la número 56 a celebrarse del 22 al 24 de junio en Panamá, el caso de Rivera sea abordado con urgencia.

«La muerte de un líder indígena bajo custodia estatal no es un asunto interno: es un desafío directo a los valores democráticos y a los compromisos hemisféricos en materia de derechos humanos», agregaron.

El texto lo firmaron también Eladio Loizaga (Paraguay), Allan Wegner (Perú), Federico González (Paraguay), María Emma Mejía (Colombia), Jorge Castañeda (México), María Ángela Holguín (Colombia), María Soledad Alvear (Chile), Mariano Fernández (Chile), Antonia Urreloja-Noguera (Chile), Heraldo Múñoz (Chile), Susana Malcorra (Argentina), Luis Gallegos Chiribolla (Ecuador) y Juan Gabriel Valdés (Chile).

Igualmente, Carolina Barco Isakson (Colombia), Ignacio Walker Prieto (Chile), Claudia Ruiz Massieu (México), José Antonio Moreno Ruffinelli (Paraguay) y Diego García Sayán (Perú).

El actual secretario general de la OEA, Albert Ramdin, pidió el domingo pasado una investigación por la muerte de Rivera, petición a la que este martes, 2 de junio, se sumaron el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, así como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los DDHH, Volker Türk.