Dictadura asegura refugio legal a la familia de exembajador venezolano en Nicaragua
El Ministerio del Interior, bajo el control de Daniel Ortega y Rosario Murillo, oficializó este 6 de mayo la nacionalización de dos menores de edad, nietos del exembajador venezolano José Francisco Javier Arrúe de Pablo.
Las resoluciones publicadas en el diario oficial La Gaceta confirman la consolidación del refugio legal para el círculo familiar del exdiplomático chavista.
A través de las certificaciones EXT 001-2026 y EXT 002-2026, la Dirección General de Migración y Extranjería otorgó la nacionalidad por «extensión de vínculo» a los dos menores, hijos de Anahí Arrúe Ramírez, hija del exembajador y quien ya posee cédula nicaragüense.
Un trámite expedito para aliados políticos
Las resoluciones detallan que los menores nacieron en el municipio de Chacao, estado Miranda, Venezuela. Sin embargo, el Estado nicaragüense les otorga ahora todos los derechos de nacionales.
Según el texto oficial, el menor Francisco Javier y Javier Alejandro «gozarán de los derechos y prerrogativas que las leyes le concede a su madre».
El documento, firmado por el Comisionado General Juan Emilio Rivas Benites, establece que los nuevos ciudadanos deberán inscribir su condición en el Registro Central de Managua.
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Al cumplir los 16 años, deberán solicitar su cédula de identidad ante el Consejo Supremo Electoral y deberán «ratificar la nacionalidad nicaragüense» una vez alcancen la mayoría de edad, según lo establecido en el Artículo 58 de la Ley No. 761, Ley General de Migración y Extranjería.
La doble vara de la nacionalidad en Nicaragua
Mientras el régimen agiliza trámites para el entorno de Arrúe de Pablo, quien fue embajador en Managua por 11 años, mantiene a periodistas, opositores y defensores de derechos humanos en una condición de apatridia de facto y despojo de sus identidades.
La nacionalización de los nietos del exembajador sigue a la del propio José Francisco Javier Arrúe de Pablo, de 81 años, cuya ciudadanía fue ratificada el pasado 23 de abril.
Con estas nuevas resoluciones, el régimen de Managua garantiza la permanencia definitiva y la protección legal de toda la dinastía del exdiplomático en suelo nicaragüense.
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