Nicaragua encabeza ofensiva regional para desmantelar tejido social mediante «leyes anti-ONG»

Nicaragua figura como uno de los principales focos de cierre del espacio cívico en América Latina, según un informe presentado por Amnistía Internacional, que advierte sobre una ofensiva regional para debilitar a las organizaciones de la sociedad civil mediante leyes restrictivas.

El documento, titulado «Rompiendo el tejido social», señala que entre 2024 y 2025 países como Ecuador, El Salvador, Paraguay, Perú, Venezuela y Nicaragua han aprobado o reformado normativas que «imponen controles desproporcionados» a las ONG, afectando su capacidad de operar, financiarse y acompañar a comunidades vulnerables.

En el caso nicaragüense, el informe subraya que este proceso inició antes que en otros países, bajo las órdenes del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y ha tenido consecuencias más profundas.

La aprobación de la «Ley 1040 de Regulación de Agentes Extranjeros», en 2020, y la «Ley 1115 de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro», en 2022, sentó las bases para un control estatal estricto sobre las organizaciones.

Deterioro regional

Estas normativas introducen registros obligatorios, supervisión financiera exhaustiva y la posibilidad de cancelar personerías jurídicas bajo criterios amplios. Como resultado, miles de organizaciones han sido cerradas en el país, en uno de los procesos más severos de la región.

«Lo que estamos viendo es un preocupante patrón regional. Las llamadas leyes anti-ONG reflejan el avance de prácticas autoritarias que buscan silenciar las voces críticas y consolidar el poder a cualquier costo», afirmó Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

El informe identifica elementos comunes en los países analizados. Entre ellos, la aprobación acelerada de estas leyes sin consulta pública, el uso de discursos estigmatizantes contra las ONG y la inclusión de conceptos ambiguos que permiten sanciones discrecionales.

En Nicaragua, al igual que en Venezuela o El Salvador, las autoridades han señalado a organizaciones independientes como «agentes extranjeros» o «antipatrias», lo que ha contribuido a un clima de desconfianza y temor.

Además, las disposiciones legales obligan a las organizaciones a revelar información sensible sobre donantes, beneficiarios y personal, lo que incrementa los riesgos de vigilancia y persecución, especialmente en contextos de hostilidad estatal.

El control sobre el financiamiento es otro punto clave. Las restricciones al acceso a fondos internacionales y los requisitos administrativos han reducido la sostenibilidad de proyectos sociales. En países como El Salvador y Nicaragua, se han impuesto impuestos elevados a las donaciones, lo que ha derivado en el cierre masivo de organizaciones.

«Eso, sumado a otros impuestos a los que ya estaban sujetas, puede significar que paguen más de la mitad de sus ingresos en impuestos. Ya casi que no pueden cumplir su labor, su presupuesto no da», agregó.

Otro ejemplo de esto, indicó, ocurre con la ley sancionada en 2020 en Nicaragua, la primera de este tipo para entonces en América Latina, que ha provocado el cierre de cientos de organizaciones.

Tejido social en riesgo

Para Amnistía Internacional, el impacto trasciende a las propias ONG. Estas entidades cumplen funciones esenciales como la defensa jurídica de víctimas, el acompañamiento a comunidades indígenas y la atención a personas en situación de vulnerabilidad.

«Cuando se desmantelan organizaciones de la sociedad civil, comunidades enteras pierden apoyo, representación y mecanismos para exigir justicia», señaló Rosalía Vega, directora de la sección paraguaya de la organización.

El informe también recoge testimonios de defensores de derechos humanos que reportan agotamiento, autocensura y, en algunos casos, exilio, como consecuencia de las restricciones y el hostigamiento.

Amnistía Internacional instó a los Estados de la región, incluido Nicaragua, a derogar o reformar estas leyes, garantizar la libertad de asociación y poner fin a la criminalización del trabajo de defensa de derechos humanos.
«Proteger el derecho a organizarse es proteger el corazón mismo de los derechos humanos», concluyó Piquer.