La cuarta fase de la represión en Nicaragua: la dictadura sandinista se come por dentro

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) determinó que la dictadura de Nicaragua ha evolucionado en su perfil de víctimas de la represión hasta llegar a una categoría que denominaron «la cuarta fase», actualmente en ejecución, en la que Daniel Ortega y Rosario Murillo, tras acabar con la oposición al régimen, van por cualquier disidencia dentro de la estructura partidista y del Estado.

«La cuarta fase (2023 hasta la actualidad) se ha caracterizado por violaciones destinadas a eliminar toda crítica y prevenir cualquier movimiento de resistencia, especialmente desde dentro del aparato estatal y el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), con el fin de garantizar que los copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, mantengan un control absoluto sobre todas las entidades estatales y la población, incluida la que reside en el extranjero», dijeron este martes, 10 de marzo, al presentar su último informe.

Sin embargo, el exiliado político nicaragüense, Enrique Martínez, consideró que dentro del FSLN no son nuevas estas purgas, que en el argot popular se conoce como «caer en desgracia», en la que como figura principal aparece desde 2025 el exasesor económico presidencial Bayardo Arce.

Una cuarta fase de represión: la dictadura se ataca así misma

«Lo que señala la ONU sobre estas figuras del sandinismo histórico no es nuevo. Es importante decir que si bien es cierto que son víctimas, pero lo son de su propia mafia, que ayudaron a consolidar. No podemos entrar a categorizarlos en la misma línea de activistas defensores de la libertad y la democracia en Nicaragua», dijo Martínez en entrevista telefónica con Artículo 66.

El mismo documento del GHREN muestra como en un primer momento, en 2018, la represión comenzó con los manifestantes, después escaló hacia periodistas, defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, estudiantes, abogados y la sociedad en general hasta llegar a los disidentes del sandinismo.

Para los expertos, la represión contra este grupo de víctimas tenía como «denominador común» que «eran opositores al Gobierno o eran percibidos como tales», algo en lo que no coincide del todo Martínez. En especial porque en el caso de Bayardo Arce, el exfuncionario y miembro del FSLN, fue uno de los que orquestó y financió a los grupos paraestatales de represión desde el año 2018.

«En la región es necesario abrir un debate filosófico y ético sobre si pueden llamarse personas presas políticas a quienes han sido parte de la represión, corrupción y destrucción institucional. Entendemos el carácter neutral de la ONU, pero la visión ciudadana, de las organizaciones de la sociedad civil de Nicaragua es de rechazo a este tipo de figuras», remarcó.

La complicidad de la justicia

Los expertos insistieron en que el escalamiento de represión se amplió hasta llegar al «aparato estatal y las filas sandinistas, atacando cada vez más a personas percibidas como una amenaza para la consolidación del poder de la Sra. Murillo, en particular en caso de incapacidad del Sr. Ortega, especialmente a miembros del poder judicial, funcionarios públicos y miembros en activo y retirados de las fuerzas armadas».

Se trata de las purgas que se hicieron más notorias desde 2025 con el asesinato del militar retirado del Ejército, Roberto Samcam en Costa Rica; la detención de Bayardo Arce y la reestructuración de la Corte Suprema de Justicia, de la que no sobrevivieron magistrados que desde 2018 y antes sirvieron a los intereses de la dictadura.

«A medida que el Gobierno avanzaba hacia su objetivo de control absoluto, estos patrones de abusos contra los derechos humanos evolucionaban: algunas violaciones disminuyeron, otras persistieron y surgieron nuevas formas de transgresión. Si bien las ejecuciones extrajudiciales y las detenciones masivas cesaron tras las protestas, las detenciones arbitrarias selectivas han continuado, junto con las desapariciones forzadas. No obstante, las manifestaciones más notorias de la cuarta fase de la represión han sido la expansión y el agravamiento de las violaciones transnacionales de los derechos humanos», destacaron.

Martínez pide a la UE seguir ejemplo de EE. UU.

El GHREN remarcó que la falta de independencia judicial ha hecho que nadie discuta el poder de la dupla Ortega-Murillo, que no solo ha implicado la remoción de los magistrados de la Corte tras subordinarla al Ejecutivo con la reforma constitucional de 2025, sino con la «destitución sumaria» de más de 1.500 jueces, auxiliares jurídicos, defensores públicos y otro personal desde octubre de 2023.

Esto incluye a los que desde 2018, magistrados de la Corte, desempeñaron «un papel fundamental en la instrumentalización de la justicia para la represión política».

Martínez dijo que este informe, pese a diferir sobre la categorización de víctimas para los disdentes del FSLN, hará más visible las graves violaciones de derechos humanos en el país, lo que va en contravía al interés del régimen de pasar desapercibido en el actual contexto internacional, las presiones de Estados Unidos en América Latina, en especial tras lo ocurrido en Venezuela el pasado 3 de enero con la captura de Nicolás Maduro, y lo que sucederá en Cuba.

«El llamado lo hago a otras instancias que actúen con la misma fuerza, que la Unión Europea deje de financiar proyectos en Nicaragua y que aumenten las sanciones como lo ha hecho Estados Unidos. Que tomen ejemplo de países que han roto relaciones diplomáticas como España, y en especial de reconocer la naturaleza criminal y buscar que sean efectivas las acciones de presión internacional contra el régimen», remarcó.