Nueva ley en EE. UU. apunta a empresarios aliados de Ortega y al financiamiento del BCIE

Una nueva iniciativa de ley que se discute en el Congreso de Estados Unidos podría marcar un punto de inflexión en la presión internacional contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Así lo afirmó el activista nicaragüense Donald Muñoz, quien aseguró que la propuesta conocida como Ley de Restauración de la Soberanía y los Derechos Humanos en Nicaragua busca ir más allá de las sanciones cosméticas y golpear directamente los pilares económicos que sostienen a la dictadura.

Muñoz explicó que el proyecto legislativo, de carácter federal, debe seguir el proceso regular en Washington: aprobación en la Cámara de Representantes, posterior debate en el Senado y, finalmente, la firma del presidente de Estados Unidos.

De concretarse, se activaría un nuevo marco legal que permitiría sanciones más amplias y agresivas, no solo contra funcionarios del régimen, sino también contra empresarios que colaboran activamente con Ortega y Murillo.

«Lo novedoso de esta ley es que no se queda en el discurso. Integra los elementos más fuertes de la NICA Act y de la ley Renacer, ampliando el abanico de actores que pueden ser sancionados», señaló Muñoz.

Empresarios y financiamiento bajo la lupa

Uno de los puntos más importantes de la iniciativa es la posibilidad de sancionar al sector empresarial que, según Muñoz, ha sido parte del engranaje represivo del régimen.

Recordó que antes de 2018 una parte importante del empresariado respaldó al Gobierno y que, incluso después de la represión desatada ese año, algunos grupos continuaron beneficiándose de su cercanía con el poder.

«Si sos parte del engranaje represivo, también te va a tocar», advirtió el activista. Las sanciones podrían incluir el congelamiento de activos, restricciones financieras, cancelación de visas y el señalamiento directo de personas y empresas que se han enriquecido a costa del empobrecimiento de la población.

Otro eje de la propuesta es el bloqueo o restricción del acceso de Nicaragua a préstamos internacionales, un punto crítico para el régimen, teniendo en cuenta el financiamiento constante por parte de organismos internacionales, como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

La ley permitiría a Estados Unidos presionar para revisar, condicionar o frenar el respaldo a préstamos multilaterales, afectando directamente una de las principales fuentes de financiamiento externo del Gobierno de Ortega. «Cerrar el grifo del dinero es tocar al régimen donde más le duele: la bolsa», enfatizó Muñoz.

Sanciones obligarían al régimen a abrir el espacio cívico

La iniciativa también pone un fuerte acento en la situación de derechos humanos en Nicaragua. De acuerdo con Muñoz, el proyecto menciona casos concretos para evidenciar el nivel de represión y evitar que las sanciones se queden en formulaciones abstractas.

«Hay una oportunidad porque las sanciones van a obligar a Ortega y Murillo a reabrir el espacio cívico o a ceder ciertos abusos, por así decir, en beneficio de la ciudadanía. Entonces, yo creo que aquí la clave importante es cómo se implementan y que no se queden solo en el papel».

El activista recordó cifras que describen la gravedad del contexto nacional: más de 5.000 organizaciones no gubernamentales cerradas, al menos 49 medios de comunicación cancelados, más de 250 periodistas forzados al exilio, más de 350 personas asesinadas desde 2018, más de 2.000 presos políticos y más de un millón de nicaragüenses desplazados fuera del país.

«Esto no es un castigo al pueblo. Las sanciones están diseñadas para aislar al poder, a los funcionarios, testaferros, empresas fachada y empresarios aliados al régimen», subrayó.

Muñoz reconoció que las sanciones no siempre muestran resultados inmediatos, pero sostuvo que su efectividad puede medirse en señales como el nerviosismo del régimen, cambios de funcionarios sancionados, movimientos desesperados de capitales o un incremento en el discurso agresivo contra medios y opositores.

«Creo que un punto clave en todo este proceso es que exista una coordinación con otros países y una presión internacional sostenida. Las organizaciones de la sociedad civil y los movimientos políticos nicaragüenses en el exilio deben continuar presionando para que otros países se sumen a esta estrategia. Además, es muy importante decirlo con claridad: también se requiere que la ciudadanía dentro de Nicaragua siga organizándose, porque esta rueda no se mueve sola».