El inminente endurecimiento, por parte de Estados Unidos, en la aplicación de sanciones a través de las leyes Nica Act y Renacer, contra instituciones y funcionarios del régimen de Nicaragua, y que además incluiría restricciones contra el comercio de oro y carne nicaragüenses, es culpa únicamente de los mismos dictadores que han escalado la represión y buscan consolidar una tiranía totalitaria y dinástica, opinan opositores consultados por Artículo 66.
Este jueves, 8 de junio, los senadores Marco Rubio, demócrata y Tim Kaine, republicano, presentaron una iniciativa de Ley bipartidista, ante el Congreso de EE.UU, que autoriza al Ejecutivo estadounidense a aplicar sanciones al régimen Ortega-Murillo hasta el año 2028, y ordena que se revise el tratado de libre comercio conocido como Dr-Cafta, lo que derivaría en sanciones contra el comercio de oro y productos derivados de la ganadería, e incluso hasta renegociar ese tratado comercial, lo que podría dejar fuera a Nicaragua.
Para la opositora Daysi George West, dirigente de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), la dictadura Ortega-Murillo “no debe buscar culpables en las organizaciones de oposición por pedir leyes que penalicen los abusos que ellos ordenan. Son sus actos de represión y violación a los derechos humanos los que hacen que se creen leyes de esta naturaleza”, afirmó la opositora.
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Recordó que en un país donde exista el estado de derecho no habría necesidad de una ley, extranjera «que ponga condiciones». «Es irónico, pero real, que la comunidad internacional y en particular, Estados Unidos, están preocupados por las violaciones abiertas de derechos humanos en Nicaragua, mientras Ortega y Murillo tratan de seguir haciendo negocios en el extranjero», reiteró.
Georg West refirió que los pueblos indígenas, los campesinos, y en general todo el pueblo de Nicaragua sigue siendo criminalizado por pensar diferente y sigue siendo víctima de encarcelamiento, despojo de ciudadanía, confiscaciones, congelamiento de cuentas bancarias a las iglesias católicas, despojo de personerías jurídicas de las ONG y universidades, por lo que «los dictadores deben responder».
Agregó que el espíritu de la Ley propuesta por los senadores Rubio y Kaine es consecuente con la política de protección de los derechos humanos y por tanto «las empresas extranjeras que operan bajo acuerdos, y los incumplen y se convierten en cómplices de la dictadura de Nicaragua, también deben responder».
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Por su parte Enrique Martínez, miembro de la Unidad Juvenil Estudiantil (UJE) y vocero de la Plataforma de Unidad por la Democracia (PUDE) sostiene que la efectividad de la Ley Ranacer y Nica Act, va a depender en gran medida de la cooperación de los diferentes actores involucrados en su aplicación.
«Para la aplicación de estas leyes es necesario brindar (desde la oposición nicaragüense) ciertos insumos al Gobierno de EE.UU., y es lo que estamos trabajando, para localizar a los actores e involucrados con la dictadura, en el ámbito económico, militar y también dentro de los poderes del Estado que han sido cómplices, como el Poder Judicial y la Asamblea Nacional».
El dirigente opositor instó a toda la comunidad internacional a que «se sumen a estos esfuerzos de presión, en la búsqueda de democracia, justicia y libertad para Nicaragua» e insistió en que las sanciones económicas son necesarias porque actualmente los negocios más lucrativos del país están controlados por Daniel Ortega, Rosario Murillo y sus cómplices jefes militares.
