Rusia aprueba un convenio con Nicaragua para la entrega mutua de presos

El presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, ordenó este martes, 9 de diciembre, al Ministerio de Justicia avanzar en la firma de un acuerdo bilateral con el régimen de Daniel Ortega, para la entrega recíproca de personas condenadas a penas de prisión.

Según el decreto presidencial, publicado en el portal legal del Estado ruso y citado por la agencia EFE, «Se aprueba la propuesta del Gobierno de la Federación Rusa sobre la firma del Acuerdo entre Rusia y Nicaragua sobre la entrega de personas para el cumplimiento de condenas de prisión».

El acuerdo podría facilitar que condenados en cualquiera de los dos países cumplan sus penas en su país de origen, lo que en teoría supone una «solución humanitaria», pero que podría traducirse en mecanismos de impunidad, sobre todo si los condenados forman parte de la red represiva del régimen.

También representa un blindaje legal con el que el régimen busca proteger a sus aliados y socios rusos o nicaragüenses de eventuales procesos judiciales internacionales.

Una lista larga de convenios

La orden de Putin para firmar un acuerdo de entrega de presos con Nicaragua aparece como parte de un patrón y una serie de pactos bilaterales que combinan cooperación militar, económica, judicial y mediática, todos firmados con poca transparencia.

En mayo de 2025 se aprobó el Acuerdo entre Nicaragua y Rusia sobre la protección recíproca de los ciudadanos contra los abusos en el ámbito de la justicia internacional, que según defensores de derechos humanos y analistas legales busca otorgar inmunidad y refugio a personas señaladas por crímenes graves.

Asimismo, en julio de 2025 se firmó un convenio de cooperación entre ambos gobiernos, que abarca áreas económicas, humanitarias y de seguridad, y que fue suscrito por el hijo de Ortega, Laureano Ortega Murillo, quien ha concentrado la facultad de rubricar múltiples tratados con Moscú.

Durante el último año, el régimen orteguista también ha suscrito convenios de cooperación policial, que según críticos pretenden dotar al aparato policial de Nicaragua de técnicas y recursos propios de sistemas represivos.

Para el régimen de Ortega, este acuerdo podría servir para blindarse ante denuncias por crímenes de lesa humanidad, mientras cientos de nicaragüenses han sido condenados por motivos políticos o por causas judiciales cuestionadas y mientras en el país aún permanecen 62 personas en condición de presos políticos, sin ni siquiera derecho a una defensa justa.